El proyecto de reforma, que es llamado ley "antitalanquera", será sometido próximamente a un segundo debate para su aprobación final.
"Con esta ley nosotros estamos fortaleciendo la participación del pueblo porque es la confianza que debe tener el pueblo cuando elige a un candidato sabiendo que ese candidato... va a ir a defender ese proyecto por el cual se ofertó y por el cual ganó", afirmó la presidenta de la Asamblea, la diputada oficialista Cilia Flores, al defender la reforma legal promovida por el oficialismo.
Flores consideró la disidencia de cualquier congresistas como una "conducta de deslealtad, de traición, inmoral, antiética y delictiva", y sostuvo, durante una sesión extraordinaria, que la Asamblea Nacional "tendrá que resolverlo y decidirá una suspensión (del diputado) por un tiempo".
El diputado Ismael García denunció que la AN aprovecha las fiestas decembrinas para aprobar leyes en los últimos días que quedan. También afirmó que esta legislación "es una ley para poner una pistola en la cabeza a todo aquello que piensen una cosa distinta a ustedes".
En tanto que el diputado Luis Díaz señaló que la primera persona sujeta "a sanciones por la Ley es el presidente y su gabinete. Nos oponemos a la aprobación de esta Ley".
La reforma tiene por finalidad el establecer mecanismos que obliguen a los diputados electos a mantener una conducta apegada al compromiso asumido con los electores durante la campaña electoral, o de lo contrario podrán ser objeto de inhabilitación política.
El diputado Darío Vivas señaló que podría considerarse un “fraude” evidenciar deslealtad a la organización política que respalda a los parlamentarios en el momento de la elección.
De acuerdo a las modificaciones introducidas a la ley, se considerarán conductas fraudulentas al electorado, las siguientes:
1.- Votar en contra de los postulados del programa de gestión, en términos de su contenido programático y su orientación político-ideológica.
2.- Hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta del programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral y presentada a los electores y electoras durante la campaña electoral.
Finalmente se señala la posibilidad de que la Asamblea Nacional remita el expediente a la Contraloría General de la República, a los efectos de que se considere si hay méritos suficientes para la inhabilitación política del diputado o diputada sancionada.