El Supremo ha estimado el recurso presentado por Pablo Guisasola contra la resolución de la Audiencia Nacional, que en enero de 2007 había denegado la compensación. La sentencia dictada en primera instancia recordaba los "numerosos antecedentes delictivos" y el "amplio y complejo historial carcelario" del reo y alegaba que podría existir bien un error judicial o un fallo de Prisiones, pero no un funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia.
Los hechos se remontan al 12 de febrero de 2000 cuando el Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia acordó la libertad del interno. Sin embargo, éste no salió a la calle hasta casi un año después, concretamente el 21 de diciembre del mismo año. Por ello, el demandante dirigió un escrito en junio de 2001 al Ministerio de Justicia reclamando una indemnización de 338.840,65 euros por los perjuicios causados.
El Ministerio desestimó en dos ocasiones la pretensión del afectado y apreció que "en el fondo de la reclamación subyacía una confusión entre los conceptos de refundición de condenas y acumulación de condenas".
Sin embargo, la sentencia dictada ahora por el Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Trillo, da la razón al demandante y atribuye el origen del daño a "un sistema de ejecución de penas" que ha dado lugar a que haya permanecido "indebidamente" entre rejas durante 314 días.
El recurrente puso de manifiesto que su expediente penitenciario era de "extraordinaria complejidad" y denunció que, pese a que ningún tribunal tenía "un conocimiento completo", se iban produciendo "resoluciones judiciales contradictorias" a las que siguieron las oportunas órdenes penitenciarias.
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