El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el candidato a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, han comparecido este en la sede nacional del partido, en Madrid, para repasar las novedades del caso Mercasevilla y para subrayar que el mismo requiere de una investigación "clarísima", ya que, a su juicio, puede afectar a "altos cargos socialistas" en Madrid.
En rueda de prensa, los dirigentes 'populares' han mantenido que las últimas novedades de la empresa pública ponen de manifiesto que se trata de una "posible trama de corrupción que ha llegado a traspasar muros de la empresa y que puede llegar hasta despachos de altos cargos socialistas en Andalucía y en Madrid", según ha indicado Zoido.
Asimismo, consideran que el Gobierno central tiene "una gran responsabilidad" en este caso -el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino posee el 48,2 por ciento de la empresa-, al igual que la Junta de Andalucía y su anterior presidente, Manuel Chaves; y el Ayuntamiento y su alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.
Poco más de un año después de que ambos presentaran en Madrid las grabaciones que según el PP demostraban que el PSOE estaba financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta de Andalucía, Pons y Zoido han reflexionado sobre las últimas "novedades" del caso, como el de las personas que no habiendo trabajado nunca o "sólo unos pocos meses" en el mercado central se han beneficiado del ERE, entre ellos un dirigente socialista de Jaén "que dicen que es muy amigo de (Gaspar) Zarrías".
"No hay cosa mejor que ser amigo de un dirigente socialista para sin haber trabajado o sólo con unos meses entrar en el ERE", ha ironizado el candidato a la Alcaldía hispalense, que también ha calificado de "vergüenza" que el director adjunto de la empresa, Daniel Ponce, siga cobrando de la misma.
Asimismo, Zoido ha subrayado que el consistorio sevillano y el Parlamento andaluz han denegado en cinco ocasiones la creación de una comisión de investigación sobre un caso que, según ha recalcado, "ha ido ramificándose" hasta tener tres tramas diferentes: "La extorsión de militantes socialistas a empresarios en nombre de la Junta, la venta fraudulenta de suelo y el delito societario y los ERE".
"BRAZOS CAÍDOS" DE LA FISCALÍA
Tras advertir de que el de la empresa sevillana pudiera no ser el único caso de corrupción en compañías públicas, los 'populares' han señalado que éste es "uno de los ejemplos más claros y escandalosos de la doble vara de medir" de la Fiscalía General del Estado, a la que ha reprochado "no haber actuado" en muchas de las diligencias y "guardar silencio" en otras o "adherirse" a la defensa en lugar de la acusación.
Para González Pons, si fuera el PP el implicado en el caso, sus dirigentes ya habrían "sido esposados" y el mismo, trasladado a la Audiencia Nacional. Sin embargo, como afecta a los socialistas, la Fiscalía "tiene los brazos caídos y el corazón paralizado", ha añadido.
En este sentido, ha adelantado que de llegar al Gobierno central, el PP investigará los casos que con Cándido Conde Pumpido como fiscal general del Estado este órgano no ha investigado y a quienes "han dado la orden para que no se haga".
DOS JUBILACIONES “IRREGULARES” MÁS
Por otra parte, el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, de cuyo reconocimiento y financiación se desliga la Consejería de Empleo y sometido a una investigación judicial, incluye dos nuevas "irregularidades" relativas a dos de las prejubilaciones, según el PP.
En concreto, los aspectos denunciados por el PP parten de que esta compañía participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa incluyó en el procedimiento a un trabajador contratado en 2004 ya con 51 años y con una relación laboral inferior a tres años, además de una autorización librada por el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas para incluir una nueva prejubilación, cuando sobre el procedimiento había recaído ya la correspondiente resolución.
Según se desprende de la documentación facilitada por el PP y recogida por Europa Press, el trabajador de Mercasevilla Francisco R.B. ingresó en el mercado central de abastos el 13 de julio de 2004, cuando contaba ya 51 años de edad cumplidos y toda vez que los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 en Mercasevilla tenían como destino la reestructuración de su plantilla al objeto de rejuvenecer sus recursos humanos. Según un documento de la Administración de la Seguridad Social, este trabajador fue dado de baja en la compañía por última vez el 8 de octubre de 2007, acogiéndose luego al citado expediente de regulación de empleo.
En el segundo de los casos expuestos por el PP, todo parte de un documento firmado el 17 de mayo de 2007 por el entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, quien actualmente figura como imputado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. En este documento, en concreto, Rivas autoriza a la sociedad mixta a incluir en el ERE de 2007 a un trabajador identificado como José Antonio R.M. cuando diez días atrás su departamento había dictado ya la resolución correspondiente a este expediente de regulación de empleo.
Este trabajador, según el PP, figuraba en la bolsa de empleo de Mercasevilla en el año 2006, si bien su vida laboral no estaría incluida en la documentación recabada por el Juzgado de Instrucción número seis, que investiga este procedimiento en el marco de las diligencias incoadas por un posible delito societario perpetrado por la anterior directiva del mercado central de abastos.
Si (
No(
