Poder Judicial y defección estratégica

El Poder Judicial es una de las estructuras institucionales más difíciles de transformar en cualquier sistema democrático. La administración de justicia está llena de procedimientos que no pueden ser alterados de la noche a la mañana; además, los jueces utilizan el poder de una manera más dura que en cualquier otro ámbito estatal. El hecho de declarar la inocencia o culpabilidad de los procesados, permite disponer de sus cuerpos y estar directamente relacionado con el peso material del poder económico, político e institucional.

El proceso político para nombrar jueces y jefes de las Cortes Supremas de Justicia, representa un aspecto determinante porque debe incorporar una combinación particular: articular capacidad profesional con actitudes éticas y dinámicas políticas. La ingeniería institucional para mejorar la administración de justicia no podrá descartar por completo las influencias provenientes del ámbito político, ni el apoyo ideológico que los jueces muestran a los presidentes o parlamentarios que los eligieron. Al mismo tiempo, existen datos donde se observa que si los jueces han asegurado cierta continuidad y estabilidad en sus cargos por largo tiempo, son capaces de desafiar y autonomizarse, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.

Estos “cambios de actitud”, es decir, los cálculos políticos que todo juez prevé en sus estructuras institucionales, obedecen a la complejidad de temáticas y problemáticas con las cuales trabaja el aparato judicial. Por lo tanto, la ingeniería institucional tendría que manejar, simultáneamente, el conocimiento de la toma de decisiones políticas en los juzgados, así como el análisis de la conducta estratégica, y muchas veces autónoma, de los agentes en la judicatura.

Los nombramientos judiciales en América Latina, pero también en varios países europeos, son orientados por razonamientos políticos, o donde la política cumple un papel primordial. Por ejemplo, cuando el presidente de los Estados Unidos elige a los integrantes de la Corte Suprema utiliza criterios políticos, influyendo también otros aspectos que limitan tales criterios como el hecho de tomar en cuenta la experiencia profesional y el “temperamento judicial” de los aspirantes al cargo.
Cuando el Poder Legislativo discute sobre la ampliación del Poder Judicial en Latinoamérica, todas sus decisiones y expectativas están, desde sus raíces, atravesadas por previsiones políticas, atenuadas sólo superficialmente por razonamientos normativos en torno al aumento de la eficiencia en el aparato legal. Asimismo, los procesos políticos abren la puerta para la presencia de actores de la sociedad civil como algunos grupos de interés, aglutinados en asociaciones profesionales como los colegios de abogados, que tienden a actuar de manera instrumental, politizándose en función de beneficios específicos.

La ingeniería para nombrar a los jueces es muy contenciosa – en lo ideológico y partidario – razón por la cual, las discusiones se complican con la participación de los medios de comunicación, cuya influencia en la opinión pública aumenta las razones para que el congreso o el presidente definan las nominaciones, dejando de lado los argumentos estrictamente ideal-normativos.

Reformar el Poder Judicial exige intervenir en la calidad, el funcionamiento del sistema y el nombramiento de los jueces. Si los jueces, una vez elegidos, son capaces de satisfacer, plena o parcialmente, los cálculos racionales del presidente y los principales líderes políticos, confirmamos una verdad evidente: los nombramientos no están conectados directamente con la ética, competencia o integridad de los candidatos a jueces, sino imbuidos por posiciones políticas e ideológicas. El reto de la ingeniería institucional descansa en lograr que la politización de convierta en “satisfacción de los criterios de justicia” que espera el conjunto de la sociedad; es decir, reducir eficazmente la “profunda inseguridad” de los ambientes judiciales.

Los jueces que poseen una muy limitada, o ninguna autonomía respecto del Poder Ejecutivo, se ven encerrados en una lógica política de constante bloqueo institucional y al servicio de intereses únicamente partidarios, de corto plazo y con la posibilidad de destruir la definición de reglas estables para la previsión racional de un sistema democrático más funcional a la separación de poderes.

En varios países de América Latina como Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil o Nicaragua, la inestabilidad institucional lleva a que los presidentes nombren a los miembros o cabezas de la Corte Suprema porque desconfían de la conducta de aquellos que sirvieron en otras presidencias. Si bien sería más racional recuperar la división de poderes, es posible viabilizar una toma de decisiones donde los jueces nombrados políticamente, ejerzan la posibilidad de una “defección estratégica”, actuando con neutralidad y administrando justicia que satisfaga el reconocimiento legítimo de la población.

Esto significa que los jueces podrían actuar en contra de las directrices del gobierno, al evaluar el conflicto de intereses en el cual caen los antiguos jueces, que se ven constreñidos por el nuevo gobierno. Los nuevos jueces también llegarán a estar limitados o arrinconados en la eventualidad del próximo cambio en los titulares del poder y el presidente; por lo tanto, la ingeniería más aconsejable está situada en la necesidad de defeccionar y alejarse de las influencias directas del gobierno, sobre todo si éste va perdiendo poder hacia el final de su periodo constitucional.

La conducta política de los jueces podría revelar un “ciclo de administración de justicia” donde se constata una fidelidad hacia el comienzo del nuevo gobierno; sin embargo, es fundamental la defección o alejamiento en varias circunstancias donde se quiere ejercer justicia respondiendo a la legitimidad ciudadana, o cuando un periodo gubernamental está llegando a su fin y se espera un cambio de presidentes.

El cálculo racional domina a los jueces, quienes esperarían no ser castigados inmediatamente cuando llega al poder un nuevo gobierno. Los incentivos, muchas veces están asentados en los objetivos personales de los jueces, así como en la necesidad de obedecer a sinceras preferencias para administrar justicia. La inestabilidad institucional que no respeta una división de poderes en América Latina permanecerá por mucho tiempo, pero debería ser contrarrestada por la resistencia y defección estratégica, sobre todo de las Cortes Supremas.

Franco Gamboa Rocabado, sociólogo político, miembro de Yale World Fellows Program, franco.gamboa@aya.yale.edu