La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado que la Junta de Andalucía tramitará finalmente el decreto de reordenación del sector público andaluz como proyecto de Ley, en un nuevo decreto al que se incorporarán las modificaciones acordadas en el Mesa General de Función Pública con los sindicatos CCOO y UGT.
Así lo ha anunciado Martínez Aguayo en rueda de prensa conjunta con los secretarios regionales de CCOO y UGT, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, con los que ha mantenido una reunión de trabajo en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. Este proyecto de Ley será aprobado este martes en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que remitirá el texto al Parlamento para que inicie su tramitación.
La consejera ha explicado que en la reunión con los sindicatos se ha estado analizando cuál era el instrumento más idóneo y se ha acordado hacer un nuevo decreto ley que será "el mismo que el anterior con las modificaciones acordadas con UGT y CCOO en la Mesa General de Función Pública en los aspectos de personal, mientras que el resto del decreto quedará igual".
Martínez Aguayo ha precisado que este nuevo decreto ley será aprobado este martes y que será tramitado como Ley, ya que "queremos un debate parlamentario que ponga de manifiesto todas las manipulaciones que se vienen haciendo de este texto legal". Indicó que el decreto ley, que ya se estaba aplicando, es de aplicación desde el momento de su aprobación por el Gobierno.
"Queremos un debate parlamentario donde se ponga negro sobre blanco y con luz y taquígrafos, a través de las enmiendas y del debate público, y se explique cual es la posición de cada uno de los grupos y partidos y así acabar con esta manipulación tan burda que se está haciendo del decreto", aseveró la consejera.
En ese sentido, aseguró que la oposición, particularmente el PP, "está manipulando y transmitiendo a la opinión pública falsedades que no están en el decreto, ya que este decreto no va a privatizar ningún servicio público ni va a meter a ningún enchufado". Por ello consideró que con el debate parlamentario "podemos desenmascarar todo este tipo de falsedades ante la opinión pública".
Asimismo, aseguró que este procedimiento "permitirá acelerar el proceso de aplicación del decreto, puesto que mejora y consolida la eficacia jurídica del instrumento legal que utilizamos", para que así el día 31 de diciembre estén materializados los cambios. Precisó que "no pierde eficacia el decreto ley, sino que se consolida, por lo que se abre la posibilidad del debate parlamentario".
MAYOR RAPIDEZ
Además, la consejera aseguró que este procedimiento "permite con mayor rapidez que quede blanco sobre negro lo pactado en la mesa general de función pública y la hoja de ruta pactada con CCOO y UGT".
La consejera recordó que en Europa "todos los gobiernos están modificando su administración pública y en España todas las comunidades autónomas deben acometer su reordenación y hay dos maneras, la que están haciendo partidos de corte conservador con privatizaciones y disminuciones del empleo y los servicios como ejes fundamentales, y lo que está haciendo la Junta de Andalucía, que tiene como eje fundamental mantener lo público y el empleo".
"La manipulación que se está haciendo debe quedar claramente visualizada y explicada y el debate parlamentario es el sitio adecuado para manifestar a todos los andaluces la verdad de lo que el Gobierno quiere hacer y proponer una lectura pública del decreto para que los partidos digan vía enmiendas en qué parte se dice que se va a privatizar o se va a enchufar a alguien o se va a ser funcionario por la puerta de atrás", aseveró.
La consejera recordó que la Ley de Presupuestos no permitía el debate parlamentario, por lo que se ha optado por esta fórmula, tras lo que precisó que el decreto recoge "la hoja de ruta pactada con UGT y CCOO y los únicos cambios que tendrá el decreto ley serán los acuerdos alcanzados en la Mesa General de Función Pública".
REUNIÓN DE LOS SINDICATOS CON LOS PARTIDOS
Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO anunciaron que los sindicatos tienen previsto solicitar reuniones, una vez que se apruebe este martes el decreto ley, con todos los partidos políticos para que se pronuncien sobre qué modelo quieren de sector público "y así saber en el debate parlamentario con qué partidos vamos a poder contar para garantizar el modelo de administración que defendemos", de forma que "en dicha reunión deben decir cuál es su modelo y que cada uno se pronuncie sobre qué quiere".
Así, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, destacó que se lleva trabajando "todo el fin de semana con la Junta para acordar el mejor procedimiento para la modificación del decreto tras los acuerdos de la Mesa General de Función Pública, de forma que se ha acordado un nuevo decreto modificando el anterior y un procedimiento en el Parlamento que permitirá el debate de todo el mundo".
De esta forma, según destacó, con el trámite parlamentario "no sólo comparecen los partidos sino otras organizaciones de carácter sindical que sean invitados por los partidos a hacer sus aportaciones y enmiendas".
Este dirigente sindical destacó que en la Mesa General de Función Pública, donde están CCOO, UGT y CSIF y que son "los sindicatos con representación por decisión de los empleados públicos de la Junta de Andalucía para estar en esa mesa, de forma que UGT tiene el 38 por ciento de representación de la Mesa General, CCOO un porcentaje similar y CSIF algo mas del 20 por ciento", unos porcentajes que "no son discutibles ni negociables".
"UGT ha defendido siempre lo público desde que se empezaron a crear administraciones instrumentales, con las necesarias evoluciones para adaptarlo a las exigencias de los ciudadanos, pero es necesario ese debate para que se quede fijado con un compromiso político de todos los partidos qué modelo de administración va a haber en Andalucía", aseveró Pastrana.
A su juicio, "ante las manifestaciones agresivas, vociferantes de amenazas de boicot, los sindicatos trabajamos en función de quienes representamos".
Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, explicó que dentro de las posibilidades que se contemplaban para tramitar las modificaciones que el Gobierno ha pactado con los sindicatos "es adecuado y un paso importante para la transparencia del debate que se haga a través de un decreto ley que se debata en seno parlamentario".
En ese sentido, Carbonero advirtió de que CCOO "estará atento a que ese debate en el Parlamento no tenga desvíos hacia aquello que debe ser una gestión de lo público, sino que se preserve lo público, entendido como instrumento de igualdad, frente a la ofensiva que permite deteriorar lo público".
"Tenemos metido en vena la defensa a ultranza de lo público, como elemento de igualdad para la sociedad, y si no hay calidad en el empleo no habrá un servicio público de calidad", agregó Carbonero.
Asimismo, pidió que "las organizaciones corporativas no tomen el camino de nacionalismos excluyentes ni de enfrentar unos trabajadores con otros" y lamentó la actitud de "aquellos que quieren adulterar el sistema democrático, pedimos que se respete la legitimidad conseguida en las urnas" y recordó que cuando el presidente del PP-A, Javier Arenas, era ministro "también se sentaba a negociar con CCOO y UGT".
"CCOO peleará para que haya un sector público y combatirá a aquellos que nos achacan que Andalucía tiene más empleados públicos que nadie, cuando hay más empleados públicos porque los sindicatos de clase han peleado para que haya un sector público potente que sea un instrumento de igualdad y eso no suele suceder en otras comunidades", aseveró Carbonero, quien apuntó que "en los momentos de bonanza, el PP hizo caja con las empresas públicas andaluzas".
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