Un derecho usurpado

Aquellos que tienen el poder económico se sienten con derecho a opinar contra el Gobierno, contra las políticas nacionales, contra todo lo que contradiga sus “egregios” intereses, y ello significa menospreciar las opiniones de la gente del pueblo, de los que no tienen cómo hacer escuchar su voz. Para estos, entonces, no hay derecho, el mismo  que reclaman los “elegidos” de las élites tradicionales.



Bajo esta premisa sienten la necesidad de juzgar a los medios públicos, los que por primera vez en la historia comunicacional de nuestro país abren sus puertas a las opiniones de la diversidad étnica, de la diversidad socio-económica y cultural del Ecuador.



De manera bastante conocida, un empresario camaronero abre su billetera y paga a un canal de televisión local para “dar su opinión muy particular” sobre los temas que a él le interesan  y con el sesgo que le interesa comunicar. Aclara una y otra vez que no es periodista y que por ello hace un programa a su manera y con los invitados que él estima conveniente.  



Y cuando el televidente le expresa lo que siente  y   lo califica como se nerece, entonces lo agrede con su peculiar forma de expresión y sonrisa cínica, pretendiendo que “no hay derecho a que se lo trate así”.



¿Cuándo habrá derecho, entonces, para que un ciudadano común y corriente pueda  opinar a través de un medio de comunicación, si no uenta con el poder económico que los empresarios defensores y portaestandartes del neoliberalismo si lo tienen, para pagar su propio programa y ser escuchados?