El sindicato presidido por
Miguel Bernard presentó incialmente su denuncia ante los juzgados de Madrid contra el director del BOE por un presunto delito de falsedad documental, después de que el Diario Oficial publicara una corrección de errores del artículo 14.2 del decreto ley de medidas para la reducción del déficit público. En concreto, se rectificó la disposición relativa a la prohibición a los ayuntamientos a endeudarse a largo plazo para financiar inversiones.
El auto de inadmisión señala que en la enmienda realizada al BOE no se encuentra falsedad alguna, "puesto que el documento en cuestión refleja fielmente el propósito de sus inspiradores de postergar la entrada en vigor de las limitaciones y prohibiciones a los ayuntamientos para endeudarse, que es lo sustancial en el documento supuestamente falsificado".
"De existir algún cambio de la realidad --continúa el auto--, sería difícil de explicar la intervención de la persona que regía los destinos del BOE, que se limitó a inscribir en el diario oficial una disposición enviada por la Jefatura del Estado".
Si no se trató de una mera corrección de errores, según concluye el juez de Madrid, "estaríamos ante una mutación de la verdad que afecta únicamente a las forma de hacer las cosas pero no a un elemento esencial del susodicho documento (...) por lo que la falsedad quedaría extramuros del Derecho Penal".
El Supremo lo devolvió
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El Juzgado de Instrucción número 1 había abierto inicialmente diligencias previas sobre este asunto, pero Manos Limpias amplió y modificó la denuncia a finales del pasado mes de julio para incluir en la ya querella al presidente del Gobierno; la ex vicepresidenta primera; el vicepresidente tercero,
Manuel Chaves; la ministra de Economía,
Elena Salgado, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
Pedro Castro.
Por ello, el pasado 30 de julio, el juez instructor número 1 acordó inhibirse en favor del Supremo dada la existencia entre los querellados de varios aforados, entre ellos el presidente del Gobierno y los citados ministros. El alto tribunal devolvió las actuaciones señalando que debería oírse antes la opinión del Ministerio Fiscal y únicamente se aceptaría exposición razonada si el juez instructor veía algún motivo para seguir adelante con las averiguaciones.
Esto no ha ocurrido así y, además de contar con el informe del fiscal solicitando el archivo, el instructor de la causa cree que los hechos denunciados no constitutivos de delito, por lo que el recorrido de la querella termina aquí y no llegará finalmente al Tribunal Supremo.
En su querella, el sindicato denuncia la "modificación encubierta" del Real Decreto, que el Gobierno ejecutó "dado el descontento de las corporaciones locales y previa la realización de diversas gestiones" de Pedro Castro ante Chaves, hasta que "se logró el beneplácito y anuencia" del presidente del Gobierno, la vicepresidenta y la ministra de Economía.
De esta manera, "bajo la cobertura de una simple corrección de errores" acometió "una modificación sustancial de lo aprobado en Consejo de Ministros", sin que se dictara un nuevo Real Decreto Ley, para lo que hubiese sido necesario convocar un nuevo Consejo de Ministros, según denunció el sindicato de funcionarios.
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