Periodistas y Gobierno se reunirán con la OEA por la ley anti racismo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Organización de Estados Americanos (OEA), recibirá documentación sobre toda la estructura jurídica creada por el Gobierno de Evo Morales, destinada a coartar la libertad de expresión, opinión, derecho a la información y la libertad de prensa, indicaron representantes de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA (Organización de Estados Americanos) recibirá a representantes de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), a en su 138 Período de Sesiones. La Asociación expondrá su descontento con las últimas acciones del Gobierno y el Legislativo en contra la libertad de expresión, de prensa y las afectaciones al derecho a la información.

El Fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, informó ayer que con motivo de los polémicos Artículos 16 y 23 de la Ley de Lucha el Racismo, donde el Juez y parte es el Organo Ejecutivo, harán conocer otras disposiciones legales, aprobadas por la actual administración gubernamental, como la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, que reduce el derecho a la libertad de expresión en los procesos electorales.

Igualmente, la Ley del Régimen Electoral que establece prohibiciones y sanciones para la campaña y propaganda electoral de candidatos a cargos judiciales, constituyen una clara violación a la libertad de expresión y de la libertad de prensa, acotó Vargas.


Citó también que el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública pretende eliminar la reserva de fuente como secreto inviolable. Estas Leyes conforman la arquitectura legal restrictiva y punitiva que serán puestas en consideración de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).


A la audiencia con la OEA, en Washington, llevarán los motivos por los que se oponen a la vigencia del Artículo 16 y 23 en actual fase de reglamentación, donde las instituciones de prensa no participan debido "a que el Gobierno dio señales de no aceptar cambios de fondo".


Manifestó que la reunión fue programada con urgencia y debido a la gravedad del caso se fijó la audiencia, aclarando que la fuerza que tiene la CIDH es directa sobre el Estado y denunciando ante al foro internacional naturalmente estará Bolivia en la ventana de todos los medios de comunicación, como un país donde se coarta a libertad de expresión, remarcó Vargas.


Al Gobierno no le preocupa


Para el Ministro de la Presidencia, Oscar Coca, la gestión internacional de los periodistas no mellará la imagen del país porque el prestigio no se mide por acciones sectoriales sino por los resultados macroeconómicos.


Sobre la acción de recurso de inconstitucionalidad anunciada por la Diputada Norma Piérola, manifestó que también le tiene sin cuidado mientras se prosiga los procedimientos jurídicos; en tanto, continuará el proceso de redacción del Reglamento al Artículo 16, previa consulta en talleres departamentales.


"Mientras todo siga derecho vamos a seguir en la reglamentación tenemos todavía 80 días pero el deseo es acelerar el proceso de reglamentación", enfatizó.


Diputados relativizó gestión


Por su parte, la Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marianela Paco (MAS), relativizó la gestión de la prensa porque está segura que no habrá una demanda y si lo hubiera no prosperaría porque, en su criterio, la Ley Contra el Racismo no viola ni atenta ningún derecho.


Considera que es una gestión como cualquier entidad civil, de cualquier Estado, que lo hace ante una instancia que recibe para escuchar a los Estados que son puestos bajo la mira por alguna susceptibilidad anticipada y este caso específico, sobre una Ley que ni siquiera está ingresando en aplicación plena porque está en fase de reglamentación.


En su criterio no habrá ninguna consecuencia porque el Estado también hará conocer su informe y los alcances de la terminología y las fuentes utilizadas, lo cual no implica que salga una sentencia porque no es un juicio contra el Estado.


Paco explicó que la Corte sólo escuchará y escribirá en sus registros y no emitirá sanción porque no hay proceso que pueda concluir con una sentencia, de todos modos aseguró que el Gobierno y la sociedad boliviana estarán presentes para ratificar sus posiciones en torno la Ley.