El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto-ley 5/2010, de reordenación del sector público andaluz. A juicio del PP, la intención real de la Junta con la aprobación de este decreto es "colar por la gatera" a los 25.000 trabajadores que integran la "administración paralela" que han "montado" los gobiernos socialistas en Andalucía.
Así lo ha anunciado el presidente del PP-A, Javier Arenas, tras reunirse con el Consejo Asesor del PP andaluz. Entre los motivos que la formación argumentará en el citado recurso se encuentra que el Decreto-Ley "vulnera el derecho de acceder, ejercer y permanecer en las funciones y los cargos públicos en condiciones de igualdad".
Asimismo, Arenas ha afirmado que otra de las razones que su formación esgrimirá es que el texto aprobado por la Junta atribuye el ejercicio de potestades públicas a entidades sometidas al derecho privado, y por tanto sin los controles y sin la fiscalización a los que están sometidas las entidades de derecho público.
De igual modo, los 'populares' destacarán también que el Decreto-Ley incumple el mandato estatutario que impide al Ejecutivo andaluz dictar este tipo de normas salvo extraordinaria y urgente necesidad, así como también que la normativa no ha sido negociada en la Mesa Sectorial de Negociaciones de la Función Pública, vulnerando así el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical que la Constitución reconoce a los trabajadores.
El máximo dirigente del PP andaluz, que ha insistido en que el Gobierno andaluz aprobó este decreto "con nocturnidad y alevosía", ha asegurado que éste supone una medida "contrarreformista" y que pretende institucionalizar una "administración paralela" para huir del derecho administrativo en las contrataciones.
Estos son los motivos que fundamentan la presentación del recurso de inconstitucionalidad:
* El Decreto-ley 5/2010 vulnera el derecho a acceder, ejercer y permanecer en las funciones y los cargos públicos en condiciones de igualdad. Así nos lo han transmitido varias organizaciones sindicales de funcionarios que se ven directamente afectados por una reordenación que les hace perder su condición de funcionarios, y lo mismo ocurre con el personal laboral que viene prestando sus servicios en la Administración General de la Junta y en los organismos autónomos y que han accedido a sus puestos de trabajo a través de los correspondientes procesos selectivos basados en los principios de mérito y capacidad, a los que el Decreto-ley pretende dar la misma consideración que a quienes han entrado en las empresas públicas de la Junta con una simple entrevista personal o "a dedo".
Pero no son ellos los únicos afectados por el Decreto-Ley: también lo son los miles de opositores y en general todos los ciudadanos andaluces que van a ver frustradas su expectativas de acceder a un empleo público como consecuencia de que el Gobierno andaluz privilegia a quienes ha colocado en sus empresas públicas y colma con ello las necesidades de personal que se pudiera requerir en los próximos años.
* El texto aprobado por la Junta atribuye el ejercicio de potestades públicas a entidades sometidas al derecho privado, y por tanto sin los controles y sin la fiscalización a los que están sometidas las entidades de derecho público. Estas potestades públicas están reservadas por la legislación del Estado, que tiene competencia exclusiva en la materia, por el Estatuto Básico del Empleado Público, a los funcionarios, mientras que el Decreto-ley permite que sean ejercidas por personas que no tiene garantizada la reserva de su puesto de trabajo, por lo que se ven sometidas a la presión política del Gobierno andaluz a la hora de llevar a cabo sus tareas. La imparcialidad, la objetividad y la independencia que derivan de los cuerpos funcionariales se ve así truncada, privando a las decisiones públicas de las garantías que entraña un modelo de administración funcionarial
* Este Decreto-ley incumple el mandato estatutario que impide al Ejecutivo andaluz dictar este tipo de normas salvo en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Las medidas que se han adoptado en este Decreto-ley podrían, y deberían, haberse discutido y debatido en el Parlamento a través de la tramitación ordinaria o urgente de un proyecto de ley, donde fuera posible enmendar y corregir buena parte de lo que él se contiene.
El Gobierno andaluz ha dictado en lo que va de legislatura -la primera en la que puede hacer uso de los Decretos-ley al preverlo el Estatuto Andaluz de 2007-, un total de 10 Decretos-Leyes frente a 17 Leyes (cinco Decretos-Ley frente a nueve Leyes en lo que llevamos de 2010; tres Decretos-Ley frente a cinco Leyes en 2009; dos Decretos-Ley frente a tres Leyes en 2008), lo que demuestra, si lo comparamos con lo que ocurre en otros sitios, el abuso que se está haciendo de esta figura que está reservada para casos excepcionales.
* Tal y como han puesto de manifiesto algunos sindicatos, el Decreto-ley no ha sido negociado en la Mesa Sectorial de Negociación de la Función Pública, lo que invalida por completo las numerosas disposiciones que se refieren a las nuevas condiciones de trabajo que pretenden imponer al personal del sector público, vulnerando así el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical que la Constitución española de 1978 reconoce a los trabajadores.
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