El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una proposición no de Ley del PP-A, que fue transaccionada por el grupo socialista, en la que se insta al Gobierno andaluz a que reclame al Ejecutivo de la Nación que impulse "las medidas necesarias para que los bienes incautados en la Operación Malaya y demás procedimientos judiciales relacionados con los órganos municipales desde el año 1991 a 2006 en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), se destinen a restituir el daño patrimonial que se ha ocasionado a dicho consistorio".
A la iniciativa del grupo popular, se ha incorporado una enmienda planteada por el PSOE-A en el sentido de que la Junta inste al Ejecutivo de la Nación a que "dicha restitución se traduzca en beneficio directo a los ciudadanos de Marbella, mediante la realización de un Plan de inversiones directo, capaz de generar empleo y riqueza en el municipio y se haga frente a las obligaciones contraídas por la corporación municipal" con las administraciones central y andaluza.
La diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy ha calificado, durante su intervención ante el Pleno, de "oportunista" y "demagógica" la iniciativa del PP-A, que coincidiendo con el inicio de la Operación Malaya, decide plantear en la Cámara una iniciativa sobre algo que ya se votó en el Parlamento en abril 2006, según ha dicho.
Ha querido dejar claro que los socialistas fueron los que denunciaron continuamente las tropelías de Jesús Gil en los tribunales, mientras que el Partido Popular no planteó "ninguna". Además, ha asegurado que los socialistas expulsaron de manera fulminante a quien pactó con los deshechos de Gil, a diferencia de la actitud que mantuvo el PP al respecto, al tiempo que ha puesto de manifiesto que la Junta se volcó de llenó con el ayuntamiento para lograr las medidas de saneamiento que se precisaban.
Ha acusado al actual gobierno del PP de gastar dinero de manera innecesaria y se ha preguntado si esa es la razón de que no cuente aún el consistorio con un plan de saneamiento. Ha insistido en la apuesta de la Junta por las inversiones en Marbella en la actualidad. Ha resaltado que la Operación Malaya se lleva a cabo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que la Junta ha hecho un esfuerzo importante para la dotación del juzgado y que el juicio se desarrolle en las mejores condiciones.
Con esa enmienda se persigue, según explicó Bustinduy a los periodistas antes del debate de la iniciativa, que quede claro que el dinero vaya en beneficio de los ciudadanos de Marbella a través de un plan extraordinario de inversiones que genere empleo en el municipio porque si no se temen que la alcaldesa convierta ese dinero "en combustible electoral" ante las elecciones municipales, dentro de la política "derrochadora" del PP.
Por su parte, la alcaldesa de Marbella y diputada del PP-A, Ángeles Muñoz, ha indicado que esta iniciativa persigue defender los intereses de los ciudadanos marbellíes, después de haber sufrido quince años de corrupción y de quiebra de los valores democráticos en el municipio, lo que provocó que perdiera un importante patrimonio.
Cuando el PP-A llegó al gobierno municipal, según ha dicho, se encontró un ayuntamiento embargado, con inseguridad jurídica y urbanística y con un grave problema económico, todo ello fruto de los anteriores gestores. El PP-A, ante la situación que encontró, según ha dicho, tenía que demostrar voluntad y solvencia, y estableció un calendario de pago de las deudas pendientes del municipio con la Seguridad Social y con Hacienda, además de hacer frente a todos los acreedores de bancos y proveedores.
Tras indicar que el ayuntamiento tiene que aguantar el "perjuicio de los años anteriores, mientras que no llega ni un solo euro", ha querido dejar claro que el Ayuntamiento ha estado pagando religiosamente con la llegada del PP al gobierno municipal. Según Muñoz, si ahora no hay un acuerdo, la situación del consistorio será "inviable" a partir de 2011, cuando se tendrá que pagar un millón y medio de euros al mes a la Seguridad Social y a Hacienda, además del crédito que concedió la Junta. "Queremos un acuerdo político igual que el adoptado en 2006 para hacer viable la institución que los anteriores gestores saquearon", ha apuntando.
El diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha querido dejar claro que su formación siempre ha defendido un frente común para la recuperación de los fondos saqueados a Marbella y que el Estado no puede hacer "dejación" de funciones ante la solución global de un gran expolio en el municipio.
Para Castro, o se adopta un acuerdo en tal sentido o se opta por acordar "el cierre" del ayuntamiento el año que viene porque va a ser muy difícil que afronte sus deudas con la Seguridad Social, con Hacienda y con entidades bancarias o al pago del crédito de 100 millones que concedió la Junta.
TRATO DISCRIMINATORIO
Por otra parte, el Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado, con los votos en contra del PSOE-A y la abstención de IULV-CA, una proposición no de Ley presentada por el PP-A en la que la formación instaba a la Cámara andaluza a mostrar su rechazo al "trato discriminatorio" por parte del Gobierno central a la comunidad autónoma andaluza.
La diputada del PSOE-A Susana Díaz ha indicado que dicha iniciativa es un "batiburrillo de críticas estériles" y que demuestra la "obsesión y el empeño" de los 'populares' por vender una Andalucía "gris, irreal, deformada, de atrasos y que está a la cola del resto de comunidades". "Eso lo hacen porque no tienen ideas", ha agregado.
Asimismo, Díaz ha insistido en que el PP-A no puede hablar de "discriminación y agravio" a Andalucía cuando durante los ocho años que el PP gobernó en España "estranguló y machacó" a Andalucía, "negándole lo que era suyo". Según ha destacado, la comunidad autónoma andaluza es la que más va a recibir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, cumpliéndose las inversiones en función del peso poblacional.
La diputada socialista ha afirmado que esta iniciativa carece de "rigor y seriedad" y que para un político es fundamental "la memoria". Sobre el pago de la 'deuda histórica', ha indicado que han sido los gobiernos socialistas quienes la han pagado, mientras que el presidente del PP-A, Javier Arenas, dijo en su día que era un "folletín electoral" y el presidente del PP, Mariano Rajoy, "la negó".
Por último, Díaz le ha pedido al PP-A que mire lo que dicen las comunidades gobernadas por el PP sobre el reparto de inversiones en los PGE. Así, ha destacado que el portavoz parlamentario del PP en Valencia ha asegurado que Andalucía y Cataluña son las comunidades que se reparten "la mayor parte" de las inversiones del Estado.
PP-A PIDE USAR LOS RECURSOS DE CARÁCTER JUDICIAL
En su defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Juan Ignacio Zoido ha pedido que el Parlamento rechazara las medidas adoptadas y anunciadas por el Gobierno en relación a la financiación autonómica, el pago de la 'deuda histórica', el "incumplimiento" de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, la no aceptación del pago en solares como medio de liquidación de las deudas pendientes por los anticipos de financiación o el establecimientos de acuerdos que "ponen en peligro" la caja única de la Seguridad Social.
Otras de las cuestiones mencionadas por Zoido hacían referencia al hecho de que Andalucía no se incluya entre las comunidades con planes integrales de empleo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el establecimientos de acuerdos que "ponen" en peligro la caja única de la Seguridad Social, las "ingerencias competenciales" en Doñana, la no transferencia de las competencias sobre los chiringuitos y los recortes sociales a los pensionistas y a los adquirientes y promotores de vivienda de protección oficial.
Asimismo, el diputado del PP-A ha solicitado también que la Junta de Andalucía haga uso de todos los recursos de carácter político, legal y/o judicial con la finalidad de defender los intereses de la comunidad autónoma frente a las medidas acordadas por el Gobierno de la Nación que suponen "un trato perjudicial y discriminatorio" para Andalucía.
IULV-CA CRITICA LA "LEALTAD EXCESIVA" DE JUNTA
En su turno de intervención, el diputado de IULV-CA Pedro Vaquero ha indicado que su formación comparte la crítica de los 'populares' sobre el tratamiento del Gobierno de la Nación a Andalucía y a la "lealtad excesiva" del Gobierno andaluz con una "política seguidista". Ha afirmado que Andalucía tendría que tener un trato diferenciado al resto de comunidades por la situación económica que atraviesa con más de un millón de parados y su falta de convergencia a nivel nacional y europeo.
En esta línea, Vaquero ha apuntado que su formación se va a abstener en la votación debido a que hay puntos de la iniciativa que no comparte con los 'populares'. Entre ellos, ha mencionado el "incumplimiento" de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto o la "ruptura" de la caja única de la Seguridad Social.
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