Como no tenemos suficientes problemas, alguien ha decidido quemar otro bosque, el de la inmigración. El Partido Popular en Cataluña, parece que con el respaldo de Rajoy, está apoyando que los funcionarios que detecten a algún inmigrante irregular tratando de empadronarse, avisen a la policía para que ponga en marcha su expulsión. De acuerdo con la legislación aprobada cuando el PP gobernaba y Rajoy era ministro de Administraciones Públicas, el padrón debe recoger todas las personas que habitan en el municipio, nacionales o extranjeras y tengan o no regularizada su situación. El padrón vale para saber cuántas personas viven en un municipio y que servicios son necesarios, nada más. Ya hace meses el alcalde de Vic intentó desembarazarse de los inmigrantes irregulares y tuvo que dar marcha atrás. Vuelve la polémica con indudables intereses electorales y con importantes consecuencias para las personas y para el Estado de Derecho.
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Pero no es el único caso. En otras autonomías, no gobernadas por el PP, la Policía ha recibido instrucciones de hacer redadas y expulsar a los inmigrantes irregulares. No se puede, no se debe, pero se hace. Y el “famoso” plan del Gobierno para incentivar el regreso de emigrantes a sus países adelantándoles la percepción del paro, que en su día fue un fracaso sonado, también se ha interrumpido no porque no haya ahora muchos inmigrantes que quieran acogerse a él, sino porque no hay dinero en las arcas del Estado para financiarlo. Muchos inmigrantes que antes tenían trabajo se han quedado sin él, han agotado su percepción del subsidio del paro y se han convertido en el mejor de los casos en mano de obra explotada en la economía sumergida. No son delincuentes, son víctimas, sin empleo y sin recursos para volver a su país. Les abrimos las puertas sin control, nos aprovechamos de esa mano de obra barata en los puestos de trabajo que los españoles no queríamos cubrir y, ahora, los políticos empiezan a azuzar un debate que se les puede ir de las manos y tener graves consecuencias.
Las Naciones Unidas acaban de decir a España que debe mejorar la atención a los niños extranjeros no acompañados y ha denunciado que se realizan deportaciones sin las necesarias garantías o que algunos niños son entregados a las autoridades fronterizas y no a los servicios sociales lo que les pone en peligro “de ser víctimas de abusos o detenciones”. Ya lo denunció un excelente informe, “Ni ilegales ni invisibles”, elaborado por UNICEF y el Consejo General de la Abogacía Española.
Efectivamente tenemos un problema. Un problema que adecuadamente manejado puede exaltar los ánimos de muchos ciudadanos y que puede dar y quitar votos. O lo afrontamos desde el más riguroso respeto a los derechos humanos, desde una escrupulosa protección de los derechos de las personas, sean de la nacionalidad que sean y estén en situación regular o irregular, o nuestro Estado de Derecho sólo será nominal, pero no efectivo. Si se enciende la mecha, nos podemos quemar todos. Que lo sepan.
Si (
No(
