Aníbal respaldó el refugio a Apablaza

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, justificó la decisión de otorgarle el refugio político al ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra y citó varios ejemplos en Argentina y en el exterior de resoluciones de similares características. Además, remarcó: “En la evidencia que presenta Chile no es posible vincular a Apablaza con los delitos” que se le imputan.

La resolución del caso de Apablaza Guerra, que es requerido por la justicia chilena por su presunta vinculación con dos delitos, terminó con el otorgamiento del asilo político, luego del estudio realizado por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare). Para darle un cierre definitivo a la controversia, el jefe de Gabinete salió a aclarar los motivos que encontró el organismo para tomar esa determinación.

Como punto de partida, Fernández subrayó que “el refugio es un acto pacífico, humanitario, no político” y recordó que la ONU menciona que debe haber un “temor fundado” para estos casos. Además, destacó que la Corte Suprema opina acerca de si procede conceder la extradición, pero que el análisis del refugio corre por cuenta de la Conare.

“La causa dice que en 1974 fue detenido, torturado y expulsado de Chile. Las experiencias vividas forman parte del temor fundado. Él dice que no participó de los delitos que se le imputan. Y la única evidencia que presenta Chile es que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que en ese momento era encabezado por Apablaza, reivindicó el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards (ambos en 1991), dos años después de que ocurrieran. En la evidencia que presenta Chile no es posible vincular a Apablaza” con los delitos, relató el jefe de ministros por Radio La Red. Y repitió el concepto un rato más tarde: “No han demostrado los elementos suficientes para solicitar la extradición”.

Además, Aníbal apuntó que, en primera instancia, el juez Claudio Bonadío “dijo que no procedía la extradición”, por no cumplir con el Código Procesal Penal de la Nación y con el artículo 13 de la Ley de Extradición (Ley 24.767). Allí, explicó Fernández, se indica que “el juez le va a informar al imputado para pedir la extradición y las pruebas que lo vinculan. Esto no existe y por eso no se puede proceder”.

Con el ánimo de reforzar la posición de otorgar el asilo, el jefe de Gabinete mencionó que Suiza también le negó la extradición a Patricio Ortiz Montenegro, en 1998, otro ex guerrillero que estaba condenado por el asesinato de un carabinero, escapó de Chile y era investigado por los mismos delitos que se le imputan a Apablaza. Y en 2005, el país europeo le otorgó el refugio a Montenegro… como hizo Argentina ahora.

Además, Fernández marcó la contradicción de la Corte Suprema ante un caso similar: en 2005 denegó la extradición del terrorista etarra Laraiz Iriondo, “a pesar de que era fehaciente que había matado y puesto bombas”, subrayó.

Consultado acerca de si le preocupaba esta decisión de la Corte Suprema, Aníbal lo negó. “A mí me preocupan otros casos de la justicia. Hablamos de la judicialización de la política, pero lo peor de todo es la politización de la justicia”. Sobre ese aspecto, destacó que sólo la Corte Suprema puede tener opinión “porque es uno de los tres poderes de la república”, pero no el resto de los jueces.

Sobre los dichos de Hebe de Bonafini en la marcha por la ley de medios, el ministro fue tajante: “A mí no me gustó lo que dijo, no estoy de acuerdo. En la Argentina todo el mundo dice barbaridades, como Biolcati o Carrió. Hay cientos de elementos de acciones agraviantes que puedo mencionar y nunca hubo acciones (judiciales) similares”, concluyó