El consejo de la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó después, el 23 de abril de 2004, con el voto en contra del PSOE, la reparcelción de Nueva Condomina, de 2,1 millones de metros cuadrados, que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de fútbol. El estadio municipal Nueva Condomina, edificio emblemático del proyecto, fue inaugurado el 11 de octubre de 2006 en un partido amistoso entre España y Argentina, y dos años después de esta inauguración el Ayuntamiento lo cedió por 50 años al Real Murcia, equipo que preside
Jesús Samper.
El proyecto "Nueva Condomina" es el centro de toda la investigación
El 16 de junio de 2006 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó una sentencia en la que estipulaba que la empresa de Samper, Sport Management, debía ceder al Ayuntamiento casi 58.000 metros cuadrados más de suelo de los que había cedido en su día. El equipo de Gobierno municipal no reclamó los terrenos, y la sentencia fue recurrida. En noviembre de 2008 el Tribunal Supremo ratificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El 14 de julio de 2006 el secretario general del PSRM-PSOE,
Pedro Saura, afirmaba en rueda de prensa que el caso "Nueva Condomina" era "la madre de todos los escándalos conocidos" después de que su partido viniera denunciando diversas cuestiones relativas a ese proyecto, entre otras que el Ayuntamiento vendía a la empresa de Samper los terrenos que le correspondían como compensación a cambio de "un precio irrisorio" de 6 millones de euros.
El PSOE denunció que el consistorio dejó de ingresar 126 millones de euros
En enero de 2007 el PSOE denunció que el Ayuntamiento de Murcia había dejado de ingresar 126 millones de euros por el precio fijado por el aumento de edificabilidad concedido a tres promotoras de viviendas en el proyecto "Nueva Condomina". El equipo de Gobierno municipal negó que se hubiera producido "venta" alguna, y explicó que en los convenios citados por el PSOE se ha aplicado un mecanismo de ordenación del suelo y asignación de edificabilidad previsto en la normativa del Plan General desde el año 2001. Según el gobierno municipal, los propietarios del suelo y "no los promotores" pueden elegir entre realizar una aportación al ayuntamiento que se declara como "actuación de interés municipal" o compensarlo con una cantidad económica.