Los tres sindicatos han sido citados este viernes a la Mesa General de la Función Pública, el foro en el que se negocia todo lo relativo a la Administración y a sus trabajadores. Su postura inicial, explica el responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Fernando Sánchez, es firme: "La Comunidad lleva dos años sin reunirnos pese a que lo hemos pedido reiteradamente para tratar temas que sí importan de verdad a ciudadanos y trabajadores. Vamos a ir a sacar esto de la agenda política y del programa electoral de
Esperanza Aguirre. Después, podemos hablar de todo".
El encuentro es en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior (calle Pontejos). El consejero Francisco Granados es el responsable último de la Función Pública. Según su departamento, en la región existen horas de liberación sindical (que trabajadores elegidos por sus compañeros usan para defender los derechos de éstos) equivalentes a 3.350 liberados sindicales a tiempo completo. En total, dos liberados por cada cien trabajadores. La Comunidad argumenta que el coste de soportarlos y de que otro trabajador haga sus labores es inasumible, por lo que exige ajustarse a lo que marca la Ley de la Función Pública de 2007: 40 horas semanales por cada delegado de personal electo. Ajustándose a esto, sólo quedarían horas equivalentes a 1.900 liberados sindicales a tiempo completo.
La Comunidad, como ha asegurado Esperanza Aguirre y ratifica su vicepresidente, Ignacio González, asegura que los sindicatos vienen cometiendo desde hace años "abusos" de manera "sistemática" que además han ido "perfeccionando" con el tiempo: horas de más, sindicalistas que no acuden a su puesto, mercadeo de tiempos de liberación y excesos en las horas adicionales que la Comunidad ha concedido y firmado por voluntad propia. Desde UGT, admiten que, "como ocurre con los políticos o en cualquier profesión", hay gente "que no cumple con su labor", pero de ahí a pretender calificar de "vagos" a los miembros de los sindicatos, denuncian, hay un mundo. "Es falso que el abuso de las horas sea general, porque cada trabajador que las pide debe fichar al dejar su puesto y al volver. Está controlado por el departamento de personal y, si debe horas, luego tiene que cumplirlas. Una cosa son los liberados, otra los delegados y otra que el sistema pueda mejorarse", añade José Montero, vicesecretario de Coordinación de CSIT-UP.
Así las cosas, los sindicatos están dispuesto a negociar, pero no en las presentes circunstancias, por lo que llevarán a la reunión de este viernes otras propuestas. "Queremos negociarlo todo, siempre, pero no puede ser que a la Comunidad le valga unas veces una ley o determinados artículo y luego otra, o la que ella quiera. El Plan de Conciliación que firmamos con Alfredo Prada (antecesor de Granados) está sin efecto, el acuerdo único del personal laboral, también. Llevamos dos años sin reunirnos. Si lo hacemos, hay que empezar por lo importante y después hablaremos de reajuste de horas sindicales", cierra Montero. Y es que los sindicatos creen que el Gobierno regional han querido colocarles en el centro de todos los males montando "un circo de tres pistas" del que, afirma Paco García, de CCOO, no van a participar: "Que hagan lo que crean oportuno, que reduzcan, nos veremos en los tribunales. En Educación ya van a eliminar 2.500 interinos y se han bastado solos. Pretenden reunirnos para decir que han cumplido el trámite y punto".
El Ayuntamiento está conforme
Quien de momento no se ha planteado la reducción de horas sindicales es el Ayuntamiento de Madrid. Su vicealcalde, Manuel Cobo, aseguraba este jueves que el Consistorio está conforme con el número de liberados y que no planean reducirlos. Entre los 30.000 empleados públicos que trabajan para el Ayuntamiento hay 86 liberados a tiempo completo. Pero si se sumara el número total de horas sindicales repartidas entre delegados y liberados, podría haber hasta 319. La ratio es de uno por cada 100, cifra que cumple la legalidad vigente y los convenios firmados con los trabajadores, según Cobo. Esos mismos convenios son los que UGT, CCOO y CSIT-UP exigen a Esperanza Aguirre que cumpla.
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