La Justicia multó al secretario de Ambiente , Homero Biblioni, por incumplir órdenes judiciales orientadas a ejecutar el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo, el curso de agua más contaminado del país.
El Centro de Información Judicial informó que el magistrado Luis Armella dispuso que a partir de mañana, miércoles, el funcionario pague 4.000 pesos (unos 1.010 dólares) diarios hasta tanto inicie la ejecución de las órdenes judiciales para la limpieza del Riachuelo.
La sanción para Biblioni, titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), es de 1.000 pesos (252,5 dólares) por día por cada uno de los cuatro objetivos que a juicio de Armella el funcionario ha incumplido.
Según el magistrado, el secretario de Ambiente debía implementar un sistema internacional de medición de la contaminación en la cuenca, poner en marcha un mecanismo de información pública, fijar pautas sobre la contaminación de origen industrial e iniciar tareas de saneamiento de depósitos de basura.
Además, el magistrado conminó a los demás miembros del Consejo Directivo de ACUMAR, integrado por funcionarios del Estado nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, a iniciar en diez días las tareas para dar cumplimiento a esos objetivos so pena de recibir multas iguales a la impuesta a Biblioni.
Cada día el Riachuelo recibe 88.500 metros cúbicos de desechos industriales de más de 4.000 fábricas instaladas en sus márgenes y a esos efluentes químicos se les suman 368.000 metros cúbicos de aguas servidas por día, de las cuales -según datos de la Defensoría del Pueblo de Argentina- sólo el cinco por ciento recibe tratamiento.
En las inmediaciones del río también hay más de un centenar de vertederos de basura a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo hasta un 50 por ciento por encima de lo permitido, según diferentes estudios.
La cuenca atraviesa jurisdicción nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de 14 municipios.
En el área, de 2.240 kilómetros cuadrados de superficie, habitan cinco millones de personas, muchas de las cuales viven en condiciones sumamente precarias, sin servicios básicos como agua potable y alcantarillado, una vivienda digna ni adecuada atención sanitaria.
La Corte Suprema de Justicia obligó por primera vez en 2006 al Gobierno nacional, a la provincia de Buenos Aires, a las autoridades de la capital y a los municipios del área a diseñar y ejecutar un plan de saneamiento de la cuenca
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