Tras precisar que ese contingente representa a tres mil efectivos debidamente preparados para patrullar y proteger a la ciudadanía, el funcionario aseguró que las labores administrativas en la institución policial no se verán afectadas con el retiro del referido personal.
En declaraciones a la prensa, el titular del Interior explicó que desde el 1 de enero de este año viene funcionando en la Policía Nacional el denominado Sistema Integrado de Gestión Administrativa, que incluso emplea Internet para facilitar el servicio a los ciudadanos y derivar efectivos a las calles.
“Se redujo el personal administrativo en un buen número. Por lo menos en un 70 por ciento. Estamos hablando de tres mil efectivos que hemos incorporado paulatinamente desde la parte administrativa a la parte operativa”, apuntó.
Continuará vigilancia en bancos
En otro momento, aclaró que el personal policial que presta servicio en los bancos lo hace en sus días de franco o durante sus vacaciones y, por tanto, no depende directamente de la Policía Nacional sumarlos a la labor de seguridad ciudadana y el orden en la vía pública.
“Los bancos no son servicios públicos esenciales ni estratégicos. Lo que vamos a retirar es el contingente de policías en el servicio esencial del agua, la energía eléctrica, torres de alta tensión, centrales hidroeléctricas, para que la vigilancia privada se haga cargo de ello”, dijo.
Más adelante, Salazar Miranda señaló que todas las informaciones referidas al asesinato del sacerdote puertorriqueño Joel Linán Ruiz Morales se darán a conocer al término de la investigación, por lo que pidió guardar la prudencia necesaria mientras se indaga el caso.
Apoya endurecimiento de penas por receptación
De otro lado, el ministro se mostró a favor de endurecer las sanciones e incluso castigar con pena de cárcel a los receptadores de cosas robadas, bajo la modalidad de receptación agravada y simple. “Esto permitiría acabar con la impunidad”, señaló.
Finalmente, recordó que esta semana se espera la aprobación del reglamento de la ley de la vigilancia privada, a efectos de que los agentes que prestan este servicio sepan cómo desempeñar su labor y colaborar con la Policía Nacional en el combate a la delincuencia.
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