"El ministro ha hecho esa sugerencia, pero no es una propuesta formal todavía porque estamos a la espera del informe del Pacto de Toledo. En todo caso, (la ampliación del periodo de cálculo) será objeto de estudio y consenso con los Grupos Parlamentarios", comentó la ministra. En todo caso,
Salgado, en declaraciones a RNE, señaló que subir a 20 años el periodo de cálculo es algo "muy razonable", pero insistió en que es algo que no se ha decidido todavía.
Pero no es la primera vez que Salgado ha tenido que rectificar sobre este asunto. El pasado mes de febrero trascendió que el Gobierno había remitido un documento a Bruselas en el que se detallaban medidas de ajuste contra el déficit. A propósito de la reforma de las pensiones, se incluía una propuesta en la que se alargaba hasta 25 años el cálculo de cotización para poder cobrar, ahora situado en 15 años. El Gobierno dio marcha atrás -por segunda vez en dos días, tras matizar su impopular anuncio del retraso de la edad de jubilación- y eliminó del documento sobre estabilidad el párrafo.
En cualquier caso, la vicepresidenta económica indicó además que la ampliación del periodo de cálculo debe tener como objetivo que no se vean penalizadas las personas que se quedan sin empleo al final de su vida laboral. Sobre si la ampliación del periodo de cálculo podría reducir la cuantía de la pensión, Salgado apuntó que ello dependerá del número de años que finalmente se decidan y de la base de la pensión. "Las modificaciones que se hagan estarán dirigidas a hacer sostenible las pensiones a futuro. "Estamos hablando de las pensiones de dentro de 20 y 30 años", recordó.
Además de la elevación del periodo de cálculo, el Gobierno mantiene su propuesta de elevar a 67 años la edad legal de jubilación. "Es lo que nos dicen los estudios que tenemos. Se ha ampliado mucho la esperanza de vida y España, al igual que los países de nuestro entorno, está intentando que haya pensiones dignas y para eso es necesario retrasar la edad de jubilación", explicó. Francia ya ha ampliado la edad de jubilación hasta los 67, y Reino Unido ultima cambios también en su sistema de pensiones.
La vicepresidenta económica aseguró que el Ejecutivo no empezará a discutir la reforma de pensiones con los agentes sociales hasta que no reciba el informe de la Comisión del Pacto de Toledo.
Utilización distina del dinero
En cuanto a los 700 millones de euros que finalmente recuperará Fomento para la obra pública, 200 millones de euros más que los anunciados anteriormente, Salgado explicó que para obtener esta cantidad no hará falta acometer nuevos recortes presupuestarios, sino que simplemente lo que se va a hacer es una utilización distinta a la prevista hace unas semanas.
"Esa utilización distinta viene de un mejor ajuste en el pago de los intereses de la deuda y de la redistribución de partidas dentro del Ministerio. El ministro de Fomento entiende que puede hacer algunas economías en otros capítulos de este Ministerio y lo mismo seguro harán otros ministros", dijo.
Por otro lado, Salgado negó que las obras que se van a recuperar gracias a esos 700 millones de euros se vayan a seleccionar en función del color de los distintos gobiernos autonómicos.
En este sentido, señaló que Cataluña y Andalucía necesitan esas inversiones u recordó que Fomento ha dejado claro que las prioridades pasan por recuperar aquellas obras que den más competitividad a la economía en el plazo más breve posible, que estén a punto de acabar o en avanzado estado de ejecución, y que contribuyan al crecimiento económico.
La vicepresidenta dejó claro que, cuando se presenten los Presupuestos Generales del Estado para 2011, la suma de todas las partidas será equivalente al techo de gasto aprobado, que asciende a 122.256 millones de euros. "Dentro de ese límite estamos utilizando al máximo la flexibilidad y así lo están haciendo los ministros en sus propuestas presupuestarias", añadió.
Preguntada por qué Ministerios van a sufrir más los recortes de presupuesto, Salgado afirmó que serán los Ministerios inversores, aquellos que en otros años han tenido un crecimiento más alto, quienes van a notar el ajuste, con una "excepción relativa": las políticas de I+D, que también recortarán su presupuesto, pero menos que la media por considerarse "prioritarias".
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