Estamos en los días finales del debate de la reforma laboral. La ponencia de la Comisión de Trabajo del Congreso debe reunirse en las próximas horas para admitir o rechazar las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, entre las que prevalecen o predominan las de CiU, grupo que -como explica El Periódico de Cataluña- se anuncia como socio preferente del Gobierno de
Zapatero, llamado a darle las mayorías en el año y medio que queda de legislatura. El diputado de CiU
Carles Campuzano, sin embargo, asegura que hay muchos contactos, pero todavía no se ha llegado a concretar nada. Los convergentes aspiran a que sus enmiendas rectifiquen el farragoso texto del Gobierno sin llegar al ultraliberalismo del PP.
Los convergentes explican que la reforma tiene algunas claves a tener en consideración: primera, la determinación de las causas del despido, pero también el absentismo laboral, la contratación temporal y la flexibilidad interna. Los socialistas, a su vez, rechazan la petición de CiU de que las autonomías gestionen los servicios de empleo. En estos debates, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene su empeño de suavizar el decreto aprobado por el Gobierno. Por ejemplo, y según el relato de La Vanguardia, en las enmiendas transaccionales (de intercambio) ha propuesto a otros grupos eliminar la redacción de "mínimamente razonable" entre las causas de despido objetivo. De acuerdo con su nueva propuesta, las causas de despido objetivo serían ante la existencia de pérdidas, por reducción relevante de beneficios o falta persistente de liquidez, la empresa tiene que acreditar "su razonabilidad".
Esto ha sido interpretado como un retroceso en los avances conseguidos para facilitar el despido objetivo, que contempla una indemnización de 20 días por año trabajado. Según el decreto, el empresario ya puede argumentar que existe "una situación económica negativa" y que de ella "se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión". Esto supone dar más opciones al empresario para realizar un despido objetivo, ya que hasta ahora se exigía demostrar las pérdidas reiteradas de la empresa. Con el decreto puede argumentar una evolución desfavorable de las ventas o de la morosidad, sin que se exija haber llegado a pérdidas. Los expertos esperaban que este artículo se concretara durante el trámite parlamentario. No ha sido así. Ningún partido ha querido asumir el coste político de presentar una enmienda que tipifique las causas de despido, que es una de las piezas claves de la reforma laboral. Esta es la única opción para facilitar las reducciones de plantilla sin eliminar la tutela judicial. Se trata de dejar las causas suficientemente claras para que la palabra del juez no se superponga a la del empresario. Los partidos esperaban que los socialistas lo propusieran en sus enmiendas transaccionales. No ha sido así.
Otra clave de la futura ley es la reforma de la negociación colectiva. El PP propone un cambio sustancial y facilita la cláusula de descuelgue. CiU propone modificar el artículo 41 de forma que se modifiquen las condiciones de trabajo
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(jornada, horario, turnos, remuneración, etcétera). En caso de que no haya acuerdo en 15 días decide el empresario con la tutela del juez. De momento el PSOE prefiere esperar a que decidan los agentes sociales en sus negociaciones bilaterales. La reforma de la negociación colectiva es básica porque determina los salarios. De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Primero de Mayo, vinculada a CC.OO., los salarios pactados en los convenios de empresa (que afectan a un total de 927.000 trabajadores) son menores que en los convenios de otro ámbito (que inciden en los salarios de ocho millones de trabajadores).
Entre 2008 y 2009, años en los que se constata una clara recesión, el aumento salarial pactado es superior al aumento la inflación. La evolución de los salarios pactados en 2010 (a 31 mayo) muestra un menor incremento (1,3 por ciento) que la inflación interanual (1,8).
¿Qué les parece a las centrales la futura ley? A la vista de las enmiendas, las centrales consideran que PP, CiU y PNV actúan como "lobbies" del sector empresarial e insisten en que la principal responsabilidad de la ley que se elabore corresponderá al Gobierno. Los sindicatos siguen pensando que no había necesidad ni razones históricas para justificar los cambios en el mercado laboral. En cuanto a los empresarios, tienen grandes expectativas en la negociación parlamentaria. Sostienen que si la norma no se modifica en este trámite, tendrá poca efectividad para reducir la temporalidad. Los empresarios explican también que han encontrado más receptividad en CiU y el PP. Y por el contrario, Izquierda Unida e Iniciativa, aliados de las centrales, han puesto sus votos "a disposición de quien esté dispuesto a parar la reforma. Este jueves se someterán a votación las modificaciones del decreto.
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