El Grupo Parlamentario Popular ha introducido entre sus 71 enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral una propuesta para que no puedan adoptarse medidas de huelga o conflicto que tengan por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, aunque se negocie su revisión.
La enmienda afecta al Estatuto de los Trabajadores, y se enmarca entre sus propuestas para "fortalecer" la flexibilidad interna de la empresa y el descuelgue de los convenios.
Asimismo, los 'populares' plantean que el despido objetivo por causas económicas se justificará cuando de los resultados o la evolución del nivel de actividad de la empresa se desprende una situación negativa, que la empresa tendrá que acreditar.
Desde UGT ya se ha calificado esta postura de "preconstitucional" y propia del franquismo, considerando que busca recortar derechos fundamentales, como es el derecho a huelga. Esto podría motivar, de forma involuntaria, un acercamiento entre el Gobierno socialista y los sindicatos, tras los malos tiempos que ahora atraviesan sus relaciones.
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Algunos ya han calificado esta postura de "preconstitucional" y "franquista"
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