Pero aún queda mucho pan por rebanar. Luego de recibir el visto bueno de ese grupo de trabajo, el proyecto debe pasar al pleno y ser aprobado, por lo menos, por 81 congresistas. En la siguiente legislatura, tiene que someterse a votación otra vez y alcanzar como mínimo la misma cantidad de votos.
El presidente de la Comisión de Constitución, Aurelio Pastor (Apra), defendió la aprobación de la reforma constitucional y aseguró que no representará mayor gasto al Tesoro Público, como se intentó hacer creer en 1992, cuando el ex presidente Alberto Fujimori cerró el Parlamento. "El Congreso unicameral costó más que el bicameral, por lo tanto se tendrá que hacer un esfuerzo, tal como se hace hoy día, para que con el mismo presupuesto funcione el Senado de la República", sostuvo.
Mostró su confianza en que en el pleno se logre los 81 votos necesarios para su aprobación y posterior ratificación en la próxima legislatura. "Se trata de un sistema bicameral imperfecto, es decir, que las dos cámaras tendrán funciones distintas".
Pastor comentó que en este caso se elimina la figura del senador vitalicio, función que hasta el 5 de abril de 1992 era desempeñada por los ex presidentes constitucionales de la República.
Lo que dice el proyecto
En el proyecto aprobado se precisa que el Senado estará integrado por 50 miembros, quienes serán elegidos por circunscripción nacional, mientras que la Cámara de Diputados la integrarán 120 legisladores, elegidos por distrito electoral múltiple.
"Para ser senador o diputado se requiere ser peruano de nacimiento, gozar del derecho de sufragio y haber cumplido al menos 35 años de edad en el primer caso y 25 en el segundo", señala la propuesta.
En cuanto a la labor de control político, se establece que el Senado se encargará de aprobar las acusaciones contra los altos funcionarios del Estado, es decir, a los que les corresponde el antejuicio. Previamente la Cámara de Diputados formulará los cargos.
Entre otras de sus atribuciones, el Senado podrá elegir y remover a los magistrados del Tribunal Constitucional, designar al defensor del Pueblo, ratificar al contralor general de la República o proceder a su remoción por falta grave y certificar los ascensos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
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