La ley marco de autonomías avanza en su aprobación parlamentaria

Antes de la posición fijada por el Vicepresidente, los opositores insistían en conformar un equipo negociador para  intentar alcanzar un pacto fiscal, considerar la suspensión de las autoridades electas y el reconocimiento pleno a los estatutos de cuatro regiones, que implica dejar sin efecto los procesos judiciales a los gobernadores que organizaron referéndums en 2008. 

En el tema concreto del pacto fiscal, todavía hay una confusión en gran parte de los asambleístas, tanto del oficialismo como de la oposición, por cuanto no entienden de dónde saldrán los recursos para la distribución a las entidades autónomas.

Las representaciones legislativas de Santa Cruz y Tarija proponen un pacto fiscal a base de lo que ellos llaman equidad sobre todos los ingresos tributarios del país: 50% para el Gobierno, 24% para los municipios, 20% para las Gobernaciones y 6% para las universidades públicas.

Sin embargo, en este punto la posición del Gobierno es contundente: no cederán a las pretensiones de algunas regiones porque no podrían realizar las megaobras que tienen proyectadas para el próximo quinquenio. La decisión la expresó Álvaro García Linera al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional
Según el diputado chaqueño Wilman Cardozo, el departamento de Tarija no puede permitir que la posibilidad de hacer un pacto fiscal pase por la inclusión de los recursos de la producción de hidrocarburos, pues esto afectaría los ingresos de la región del sur.
“Entre oficialistas y opositores hay muchos colegas que no entienden lo que es un pacto fiscal. Algunos creen que se trata de un acuerdo con los fiscales que investigan denuncias, por tanto es urgente aclararlo”, dijo Cardozo.

Otro de los puntos en discordia es el artículo 144, que dispone que las autoridades electas (gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales), sean suspendidas temporalmente a sola acusación formal de un representante del Ministerio Público.
En este caso, la Federación de Asociaciones de Municipios, el Concejo de Santa Cruz de la Sierra, el Movimiento Sin Miedo y la totalidad de los asambleístas opositores tienen dos alternativas para modificar el cuestionado artículo: la primera, de la bancada de Convergencia Nacional, liderada por el senador Germán Antelo, que pide la abolición de la norma; y la segunda, sugerida por el diputado del MSM Fabián Yacsik, que se mantenga el objetivo de la medida, pero que sea un juez el que dictamine el inicio de juicio respetando el debido proceso.

Finalmente, en cuanto al reconocimiento de los estatutos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz que deben ser readecuados a la Constitución Política del Estado, la Comisión Mixta de Autonomías avanzó en el procedimiento, es decir, que el nuevo proceso pasará por la aprobación de la Asamblea Legislativa Departamental por dos tercios de votos y después sometidos a control del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la oposición quiere que en la ley marco de autonomías quede totalmente claro el reconocimiento y respeto por los estatutos realizados en cuatro regiones y eso necesariamente implica que los procesos judiciales a los gobernadores queden en el olvido.

Como no hubo acuerdo en toda la jornada de ayer, ahora oficialistas y opositores coinciden en dos cosas cuando hablan de la ruta que seguirá la ley marco: hallar consenso en el transcurso del debate en detalle o se aprobará la norma por dos tercios de los votos de la Asamblea.

En medio del debate, el senador Germán Antelo, de PPB-Convergencia, remitió una carta al presidente Evo Morales, en la que manifestó su reclamo formal “por la manera arbitraria con la que se aprobó en grande el proyecto de ley marco de autonomías y descentralización, coartando y limitando el uso de la palabra a senadores y diputados del oficialismo y la oposición que estaban inscritos en la lista de oradores para el debate de una ley fundamental para Bolivia y el desarrollo de nuestras regiones, que anhelan un cambio profundo de las estructuras políticas y económicas del Estado”.

Según el opositor, “este hecho empaña el principio democrático institucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional y desnuda la conducta autoritaria del oficialismo, que impone una mayoría circunstancial en la aprobación de las leyes, sin tomar en cuenta los planteamientos de la oposición y mucho menos de las regiones autonomistas”. La carta de Antelo no fue leída en el plenario.
Por su lado, el Ministerio de Autonomías emitió una carta, en la que señala que ante la inminente aprobación y promulgación de la ley marco de autonomías y descentralización, algunos asambleístas legislativos y autoridades de la oposición han tergiversado el verdadero contenido del proyecto, “que ha sido fruto de un arduo trabajo con diversos actores autonómicos, recogiendo sus propuestas y expectativas y, en el último tiempo, logrando acuerdos en torno al proyecto de ley”.

Entre las instituciones que reclaman por el proyecto oficialista se encuentra la Gobernación de Santa Cruz, que, a través de su secretario de Economía y Hacienda, alertó que en caso de que se apruebe el proyecto, los ingresos de la región se reducirán en casi un 50% en comparación con 2007. Además, se pondrían en riesgo los programas sociales de desayuno y almuerzo escolar y la trasferencia de contrapartes a recursos externos para proyectos de caminos y carreteras. Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, insistió en que el proyecto de ley marco debe respetar los estatutos autonómicos que fueron aprobados por el voto popular y mayoritario en los departamentos Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz .