Vicente Conde, juez considerado del sector conservador, formó parte de la mayoría, que argumenta que las leyes no permiten suspender normas del Estado aprobadas en Cortes impugnadas por un tercero, ya que se trata de un acto que va contra la voluntad popular. Sólo cabe la suspensión si el Estado central recurre normas autonómicas. Así, los magistrados no entraron en el fondo del asunto, sino que se limitaron a adoptar la doctrina.
Cuatro de los jueces que votaron en contra -
Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata, Ramón Rodríguez Arribas y
Eugeni Gay- anunciaron votos particulares, insistiendo en que dada la repercusión de la ley, cabía su paralización. El quinto voto en contra fue el del vicepresidente,
Guillermo Jiménez.
Pero la mayoría de la prensa conservadora, en consonancia con el sentir general de la derecha política de este país, destaca que el Tribunal Constitucional no ha frenado la ley del aborto únicamente y debido al voto de Vicente Conde, un juez propuesto por el PP en su día.
Ahora bien, a nadie se le escapa también el voto en contra de la ley de
Eugeni Gay, nombrado por el PSOE -el partido que la impulsó-, aunque “reconocido católico”.
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