"Una ley aprobada por el Parlamento, que es la institución que representa la soberanía popular, una vez que entra en vigor tiene que ser aplicada. Las instituciones y los responsables políticos tienen que ser congruentes y actuar en consecuencia conforme al mandato de nuestra Constitución".
Así ha argumentado Gabriela Bravo en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles y previas a su participación en los Cursos de Verano 2010 organizados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En relación con las filtraciones a los medios de comunicación de secretos de sumario, Bravo ha expresado que, a su juicio, el derecho a la información es "básico para el desarrollo del Estado de Derecho y básico para las libertades de pensamiento, de opinión y de expresión" y, además, "para poder configurar un Estado plural como el que tenemos".
Sin embargo, ha opinado que el derecho a la información "no es absoluto ni ilimitado" y ha señalado que "la norma busca el equilibrio y la ponderación para que otros derechos fundamentales no se vean afectados".
"El artículo 24 de la Constitución garantiza al ciudadano una tutela judicial efectiva, un derecho a un proceso justo que exige que desde los medios de comunicación respeten unos derechos tan fundamentales como la presunción de inocencia, que en ocasiones se ve muy mermada", ha remachado.
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