Por ejemplo, la consejera de Salud del Gobierno de Navarra,
María Kutz, ha asegurado que en la Comunidad foral se cumple con la ley, si bien las interrupciones del embarazo se realizarán en otras comunidades "porque la objeción de conciencia no está regulada" y tienen "dudas jurídicas".
Kutz, que ha atendido a los medios de comunicación tras el primer encierro de las fiestas de San Fermín, ha afirmado que en Navarra "se va a garantizar la prestación tal y como viene recogida en la ley" para añadir que las interrupciones voluntarias del embarazo se trasladarán a otras comunidades.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, asegura que "no todos" los casos se están remitiendo a clínicas privadas, ya que cuando no hay objeción de conciencia en los hospitales públicos se suele hacer la intervención en los mismos, al tiempo que ha recalcado que los trámites siguen igual desde 1985, ya que lo único que cambia con la nueva ley son los plazos.
En este sentido, ha precisado que si el aborto se hace en una clínica privada, la intervención será "a coste del contribuyente", y ha puntualizado que "unos casos se derivan" desde los hospitales públicos y otros no. "No ha cambiado nada. Se viene haciendo exactamente lo mismo que se viene haciendo desde la Ley de 1985. Lo que han cambiado son los plazos", ha indicado.
Después de que dijera que Madrid iba a cumplir la normativa, ha recordado que la primera obligación de los poderes públicos "es el cumplimiento estricto de la ley", por lo que el Gobierno regional la acata aunque no la comparte "en absoluto". Por ello, lo que espera es que el Tribunal Constitucional suspenda su aplicación.
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