No hubo conmoción en Colombia

Sin embargo, algunos juristas consideraron exagerada la simple insinuación de  decretar un Estado de Conmoción Interna, teniendo en cuenta que según la Constitución ésta sólo puede ser contemplada por el mandatario "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía…Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos, a través de decretos legislativos que al día siguiente de su expedición deben enviarse a la Corte Constitucional para su revisión de constitucionalidad”.

De esta forma, durante el transcurso del día se llegó incluso a rumorar que tal declaración no era más que una "jugada" que el presidente Álvaro Uribe hacía a la Justicia, con el fin de nombrar nuevo Fiscal General de la Nación, una decisión que la Corte Suprema de Justicia ha aplazado por cerca de 10 meses pese a las diferentes personas que, por una u otra razón, han tenido que salir y entrar para integrar la terna oficial.

Ya en la tarde del martes, el propio presidente Uribe desmintió tales rumores a los medios y llevó a cabo un Consejo Superior de Política Criminal, en el que finalmente se tomaron varias decisiones: la primera de ellas consistió en no declarar el Estado de Conmoción Interior, la segunda se refiere a la creación de unos jueces de garantías, por parte del Consejo Superior de la Judicatura, que desde lo nacional puedan atender problemas regionales y problemas locales, a fin de poder superar la vulnerabilidad de los jueces municipales que tienen que asumir competencias de jueces de garantías.

El tercero lo llevará a cabo el Fiscal General de la Nación, quien se ha comprometido a atender, con un cuerpo de fiscales, los principales sitios donde se están presentando las acciones de las BACRM, a fin de que no haya dilaciones en la Fiscalía por falta de personal, y a fin de que no haya fenómenos que enturbien la administración de justicia.

El cuarto y último habla de un acompañamiento de estos procesos por parte del señor Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez; así mismo se ha definido que los días miércoles, jueves y viernes se seguirá reuniendo el Consejo de Política Criminal, con la asistencia de la totalidad de los miembros, para seguir examinando la temática.