Impresentable. No me refiero a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Sí podría hacerlo respecto a la reacción de los líderes políticos de prácticamente todas las ideologías. Cuando el Tribunal Constitucional da una sentencia, se esté o no de acuerdo, los dirigentes políticos sólo pueden tener un comportamiento: acatar la sentencia, aplicarla y, si quieren, discrepar. Pero acatar y aplicar. Y si no están conformes, la solución es proponer un cambio constitucional. ¿Cómo se puede pedir a los ciudadanos que acaten y cumplan , sin rechistar, las subidas de impuestos, las normas que recortan derechos adquiridos y legítimos, las que prohíben infinidad de cosas, cada día más, la regulación de aspectos que afectan a la moral de los ciudadanos, mientras ellos los que legislan y gobiernan rechazan el veredicto del tribunal superior? Las reglas del juego están para cumplirlas… o para cambiarlas. Mientras no se cambien democráticamente nos afectan a todos por igual. Aquí no hay nadie, no debería haberlo, que tenga más derechos que nadie. Ni por cuna ni por origen ni por lengua ni por geografía ni por sexo ni por raza. Por nada. Somos ciudadanos iguales ante la ley. Los primeros, los que deben dar ejemplo, los políticos. Lamentablemente el espectáculo es manifiestamente deplorable.
Pero cuando hablo de impresentable me refiero, sobre todo, a la actitud de los trabajadores del Metro de Madrid con su huelga salvaje que ha puesto a la ciudad en estado de emergencia y que, previsiblemente, no es flor de un día. Puedo entender que no acepten que se les apliquen los mismos criterios que a los funcionarios públicos, aunque ellos sean empresa pública, también. Puedo entender su protesta, que vayan a la huelga, que es un derecho constitucional. Pero que decidan la huelga salvaje que afecta a dos millones de ciudadanos, con un coste económico y social terrible, me parece un disparate. El incumplimiento de los servicios mínimos es una ofensa a los ciudadanos, no a Esperanza Aguirre. Y es, también, un nuevo pulso de los sindicatos de cara a la huelga general de septiembre. Pero, seguramente, esta huelga salvaje no se hubiera hecho nunca en una comunidad socialista ni con tanta “urgencia”.
Aunque a los trabajadores “les asista la razón”, como dice el líder de UGT, Fernández Toxo, lo que es discutible hasta la eternidad, los ciudadanos también tienen derechos. Añadir que, como es “pacífica”, no es una huelga salvaje, es querer tomar el pelo a los ciudadanos. Los trabajadores del Metro, como los políticos catalanes, no quieren ir a los tribunales ni acatar lo que ellos digan. Se toman la justicia por su mano. Sin justicia no hay libertad posible. El valor de la democracia es aceptar el imperio de la ley. En una palabra: una actitud impresentable.
