En concreto, la moción del Partido Popular reclama al Ejecutivo que realice las reformas legales y reglamentarias necesarias para prohibir el uso, en espacios o acontecimientos públicos que no tengan una finalidad estrictamente religiosa, de vestimentas o accesorios en el atuendo que provoquen que el rostro quede completamente cubierto y dificulten así la identificación y la comunicación visual, al suponer esta práctica una discriminación contraria a la dignidad de las personas y lesionar la igualdad real y efectiva de los hombres y las mujeres.
La senadora
Alicia Sánchez-Camacho, que defenderá la iniciativa en nombre de su Grupo, ha asegurado que “la mayoría de los ciudadanos de nuestra sociedad consideran el uso de estas prendas como discriminatorio, lesivo y contrario a la dignidad de las mujeres y a la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres”.
En su opinión, “la utilización de cualquier ropa que cubre de forma casi total el rostro tiene la consecuencia objetiva de impedir o dificultar de forma importante la identificación y la comunicación visual”.
Según el texto de la moción, “estas prácticas que no se corresponden con los valores en que se fundamenta la convivencia ciudadana, especialmente en cuanto a la limitación de las posibilidades de interacción y comunicación de las personas que lo utilizan, como por la connotación que tiene de afectar a la igualdad real de las mujeres y los hombres”.
“Una auténtica democracia –afirman los populares- exige un reconocimiento universal de la igualdad de derechos y de oportunidades por razón de género, la lucha contra toda clase de violencia de género o de prácticas que atenten contra la dignidad de la mujer o que signifiquen alguna clase de discriminación”.
Por último, Alicia Sánchez-Camacho ha recordado que el uso de prendas que tapan el rostro es un tema que se está debatiendo actualmente en varios Estados de la Unión Europea, donde se están planteando diferentes propuestas normativas -a nivel local, regional o nacional para evitar la difusión de unas prácticas que no se corresponden con los valores en que se fundamenta la convivencia ciudadana.
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