Luego de 80 minutos, los congresistas votaron el dictamen y, por amplia mayoría (73 votos a favor, 18 abstenciones, y cero en contra), se aprobó la máxima sanción –establecido en el Reglamento y el Código de Ética del Congreso- contra la legisladora de Unidad Nacional.
La encargada de dar a conocer la decisión fue la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, quien evitó revelar qué parlamentarios se opusieron a la citada propuesta. "Queda en la conciencia de cada legislador el no haber apoyado la sanción", indicó.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Ética, Luis Galarreta, sustentó su informe, luego de lo cual la parlamentaria Canchaya brindó sus descargos por un lapso de 30 minutos e insistió que si bien cometió un error, no merecía ser suspendida por 120 días sin goce de haber.
Según trascendió, Galarreta habría señalado que no hubo sinceridad ni veracidad en el testimonio de Canchaya Sánchez, pues un noticiero de televisión y un medio escrito difundieron una fotografía en la que aparece Simón Vicente vistiendo el uniforme de niñera y cumpliendo supuestas labores del hogar.
Falta acusación constitucional
Ahora, sólo falta el informe de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual tiene un plazo de 15 días para pronunciarse y, de esta manera, plantear la denuncia constitucional contra la legisladora de Unidad Nacional.
Cabanillas recordó que este grupo parlamentario deberá emitir su informe en donde determinará si la parlamentaria cometió los presuntos delitos contra la administración pública, falsedad genérica, y contra el patrimonio; y que podría terminar con su inhabilitación para ejercer cualquier público por diez años.
En ese sentido, la Comisión de Ética alcanzó su informe sobre este caso a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el que se indica la existencia de indicios razonables de la comisión de los delitos de falsedad genérica, estafa y contra el patrimonio, encontrados en este caso.