El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció que su formación va a poner en marcha una campaña informativa y "austera", que se realizará en la calle y en Internet, sobre el "tijeretazo social" producido en Andalucía, fruto de los recortes incluidos en el Decreto-Ley de medidas de ajuste para reducir el déficit público.
En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por la portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, Sanz explicó que con dicha campaña se pretende informar a la ciudadanía sobre el "mayor atropello social" cometido durante la democracia. "Es necesario informar de la actitud de un partido antisocial y que pasará a la historia como el que bajó las pensiones", agregó.
En esta línea, el dirigente 'popular', que insistió en que la campaña no tendrá prácticamente coste económico alguno, como consecuencia de la situación de crisis actual, indicó que ésta se basará en la "movilización interna" y que se sustituirá el dinero "por el esfuerzo y el trabajo".
"Ésta es también una campaña que pretende hacer frente a las mentiras del PSOE", dijo Sanz, quien criticó que los socialistas hayan vuelto a hablar de "brotes verdes". Y es que, a su juicio, "la sequía en la política económica que ha dejado el PSOE imposibilita los brotes verdes".
Por su parte, la portavoz regional del PP-A explicó que todos los dirigentes del partido recorrerán "cada rincón de Andalucía" para informar de la "mala gestión" del PSOE que, "no sólo ha llevado a la crisis, sino también a los recortes sociales".
En el cartel de la campaña, según apuntó Soto, se recoge que serán 2.688.531 andaluces los que se verán afectados por los recortes del Gobierno central, "los mayores en la historia de Andalucía".
Asimismo, los 'populares' destacan en el cartel, según sus cálculos, a los 907.631 pensionistas cuyas pagas no se revalorizarán, las 100.000 familias que no cobrarán el 'cheque-bebé', los 1.080.9000 parados actuales, los 500.000 funcionarios que tendrán recortes en sus salarios, los más de 100.000 dependientes que no cobrarán ayudas o los 860 millones que Andalucía no recibirá en inversiones del Estado.
LEGADO ANDALUSÍ
Antonio Sanz, anunció también que su formación va a pedir "responsabilidades políticas" en el Parlamento andaluz por las "ilegalidades" en materia de contratación detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía en la Fundación Legado Andalusí correspondientes al ejercicio 2007. Sanz tildó de "tragicomedia" lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos con las empresas públicas, apuntando que "vamos casi a un escándalo por mes".
El dirigente 'popular' indicó que cada vez que la Cámara de Cuentas realiza un informe sobre una entidad pública constata que existen irregularidades. "Hay un auténtico descontrol y desbarajuste con estas empresas en las que se incumple la Ley de Contrato del Sector Público y no impera la igualdad de oportunidades", sostuvo.
Sanz, que aseguró que la Junta "no sabe lo que verdaderamente tiene en sus manos", consideró una "auténtica indecencia" que en época de crisis económica la Junta destine 5.000 millones al año a las empresas públicas. A su juicio, es "indecente" que no se revaloricen las pensiones y que "cada día se engorde más a un sector público y sin control".
INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS
Según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía 'Fiscalización de regularidad de la Fundación para el desarrollo del Legado Andalusí', correspondiente al ejercicio 2007, consultado por Europa Press, los estados financieros de la fundación correspondientes a dicho ejercicio "expresan en sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial", a excepción de una serie de incumplimientos de la legalidad.
En ese sentido, la Cámara de Cuentas apuntó una serie de "debilidades" respecto al control interno mantenido por la entidad, de forma que, según indicó, el inventario de patrimonio de la fundación "no es comprensivo de la totalidad de los bienes propiedad de la entidad" y además, se detectaron carencias como "la identificación de las personas que lo realizan, quién lo aprueba, la ubicación física de los bienes o el etiquetado de los mismos".
Agregó que las instrucciones para efectuar el recuento y la valoración de existencias, consistentes en libros y publicaciones de diversa índole, "no están plasmadas por escrito" y se destacó que la fundación posee unas normas de venta y distribución de productos que "no se encuentran aprobadas por órgano de gobierno alguno".