Defensa regulará el viernes las asociaciones militares

El anteproyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas concederá un alto grado de representatividad a las asociaciones profesionales militares al convertirles en interlocutores en el nuevo Consejo de Personal y les reconocerá su derecho a "recibir información" del Ministerio de Defensa.

   Las asociaciones "profesionales" podrán "convocar y celebrar reuniones en instalaciones militares", siempre "sin interferir en el funcionamiento" de las unidades.

   Los colectivos, que en la actualidad son legales por estar en el Registro de Asociaciones de Interior pero que no tienen reguladas sus acciones, deberán cumplir una serie de requisitos para poder integrarse en el nuevo "registro específico" que creará el Departamento que dirige Carme Chacón.

   Así, se podrán financiar con las cuotas de sus miembros pero no podrán recibir en ningún caso donaciones privadas. Su actividad no deberá interferir nunca "en las decisiones de política de seguridad y defensa", "en el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares" ni tampoco "en el empleo de la fuerza".

   Del mismo modo, las asociaciones deberán respetar "el principio de neutralidad política y sindical" y deberán disponer de unos estatutos que garanticen "su funcionamiento democrático". Todos los militares españoles tendrán derecho a "asociarse libremente" pero sólo podrán formar parte de una asociación.

Requisitos para ser reconocidas por Defensa

   El proyecto de Ley establece la creación de un Consejo de Personal, que presidirá el titular de la Subsecretaría de Defensa, en la actualidad María Victoria San José, y que será el órgano en que estén directamente representadas las asociaciones.

   Para poder formar parte de este nuevo órgano, las asociaciones deberán tener un "mínimo de afiliados", igual o superior al uno por ciento del total de militares cuando se trate de colectivos de miembros de cualquier ejército, rango y escala; un tres por ciento cuando estén formados por oficiales y suboficiales y un 1,5 por ciento cuando esté integrada por soldados y marineros.

   El proyecto de norma elaborado por el Ejecutivo deja abierta la puerta a que estos porcentajes puedan ser reducidos "con objeto de facilitar la adecuada representatividad y funcionalidad del Consejo de Personal".

   El Consejo de Personal podrá reunirse en Pleno o por comisiones de cada ejército y de los Cuerpos Comunes de la Defensa, siendo presidido cuando se reúna al completo por el subsecretario de Defensa y, en su caso, por el titular ministerial. Cuando la reunión sea en  comisión, presidirá el Mando o la Jefatura de Personal que corresponda.

   La nueva Ley permitirá a las asociaciones presentar propuestas y "realizar informes con los asuntos que son de la competencia del Consejo", incluso tendrán opción de elaborar documentos de manera conjunta entre varios colectivos. El Ministerio de Defensa tendrá también la obligación de facilitar la difusión de las acciones de las asociaciones y los cuarteles deberán proporcionarles locales y medios para sus actividades.

   Además, el Gobierno creará un Observatorio de la Vida Militar que, como órgano "colegiado", "asesor" y "consultivo", realizará un "análisis permanente de la condición militar" y de la forma en que el Estado "vela por los intereses" de los militares.

   Esta nueva institución estará integrada por un máximo de siete miembros elegidos por el Congreso de los Diputados "entre personalidades de reconocido prestigio". Los miembros tendrán un mandato de cinco años y serán los encargados de elegir a su presidente, mientras que el Ministerio de Defensa les proporcionará "la sede y el apoyo administrativo necesario" para poder cumplir sus funciones.

Servicio postal universal

   El Ejecutivo también tiene previsto abordar también un informe sobre el anteproyecto de Ley del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal.

   La Ley Postal garantizará la prestación de un servicio postal público y universal, tarea que seguirá realizando Correos, que contará con un fondo de financiación para que pueda costear la prestación de este servicio público.