El continente registra "algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo" y en Latinoamérica por primera vez en décadas la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación de la población, indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe.
Para el Caribe la tasa de homicidios es de 30 por cada 100.000 habitantes, la de Sudamérica 26 y la de Centroamérica 22.
Además de esos niveles excesivamente altos, la CIDH explica que la violencia impacta significativamente en la economía, pues se ha calculado que el coste se sitúa entre el 2 y el 15 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de los países.
Especialmente en América Latina y en el Caribe, los altos niveles de criminalidad acompañada por la violencia contra las personas "genera también alarmas sobre su impacto en la gobernabilidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho", afirma la CIDH.
Eso se traduce en los bajos índices de confianza que la población tiene hacia el Gobierno, el parlamento, la policía y el sistema judicial, señala la Comisión.
Al respecto subraya que las políticas de seguridad ciudadana históricamente se han desvinculado de los estándares internacionales sobre derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la violencia, se ha apelado al uso de la fuerza ilegal y arbitraria, sostiene la CIDH.
"El uso de la fuerza fuera de los marcos legales y de los estándares internacionales, junto a la incapacidad de las instituciones de enfrentar el crimen y la violencia de forma eficaz, contribuyen a incrementar la inseguridad de la población", constata.
La CIDH indica además que tras la historia reciente de la región marcada por transiciones de regímenes autoritarios a la democracia, la mayoría de las instituciones que integran el sistema estatal de control judicial y policial "aún no han registrado procesos de reforma eficaces".
Así, a pesar de las transiciones políticas y las reformas constitucionales y legales, los aparatos institucionales vinculados a las fuerzas de seguridad "aún preservan características autoritarias y los mecanismos judiciales destinados a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas aún muestran debilidades", afirma.
En definitivo, sostiene la CIDH, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario "no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia" a la situación.
Explica que en varios países de la región se ha recurrido a políticas ineficaces, basadas en el incremento de la presión punitiva, la disminución de las garantías procesales, prácticas para rebajar la edad para aplicar el derecho penal de adultos a niños y una creciente intolerancia y estigmatización de personas o grupos.
Eso ha favorecido la aparición de casos de violencia extralegal, como los llamados grupos de "limpieza social", "escuadrones de la muerte" o grupos parapoliciales y paramilitares", concluye la CIDH.
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