Shanskanomics

Una cuestión poco comentada en torno al escándalo de evasión impositiva y, eventualmente, sobornos pagados por la Empresa Skanska, en su trabajo para la ampliación de los gasoductos troncales de la Argentina, es el “modelo” económico detrás de este caso y de otros que pudieran surgir en el futuro.

En efecto, desde la crisis del 2001 y la ruptura de los contratos con las empresas de servicios públicos, el gobierno del Presidente Kirchner cambió el paradigma bajo el cual funcionaba la concesión de estos servicios en nuestro país.

Durante la década del 90, el traspaso de la responsabilidad de brindar servicios públicos al sector privado se realizó se realizó bajo el modelo conocido como “asociación público privada” impuesto exitosamente en el Reino Unido y luego generalizado a otros países de Europa y el resto del mundo.

Bajo ese esquema, se unían “tres patas”: El sector público que licitaba la provisión de determinado servicio que requería la comunidad, bajo parámetros de calidad y al menor costo posible; un operador privado con experiencia y antecedentes que se comprometía a brindar dicho servicio en las condiciones solicitadas y el “mercado de capitales internacional” dispuesto a “comprar” el contrato, o a financiar la inversión necesaria para cumplir el mismo o, en su defecto, accionistas dispuestos a aportar los fondos necesarios para llevar adelante el contrato a cambio de un dividendo a cobrar a lo largo del período de concesión.

Bajo ese paraguas, el Estado, lo que exigía era la prestación de un servicio bajo ciertas condiciones técnicas de calidad y al precio pactado. Los privados, por su parte, como operadores o financistas, asumían la responsabilidad de ofrecer lo convenido, corriendo con todos los riesgos involucrados, a cambio de un precio que remuneraba al operador y que remuneraba al capital. Un Ente regulador independiente debía velar que las obligaciones comprometidas por las partes, el Estado y privados, se cumplieran y aplicar las sanciones previstas en el contrato, ante fallas de los mismos.

Pero claro, este modelo funcionó “a la Argentina”. En algunos sectores muy eficientemente; en otros con problemas. En otros escandalosamente mal.

Pero lo que quedaba claro, en este esquema, es que casos como el de Skanska eran claramente una cuestión entre privados, en dónde los incentivos estaban puestos de manera de minimizarlos o evitarlos.

Permítanme ejemplificarlo. Bajo el sistema arriba explicado, el Estado argentino, lo que hubiera planteado, no hubiera sido “la ampliación de un gasoducto”. Lo que hubiera solicitado es, tantos metros cúbicos adicionales de gas, por cierto período, a cambio de cierto precio. El privado involucrado hubiera respondido diciendo “estoy dispuesto a ofrecer tanto gas adicional, a esta tarifa” y el Estado podría haber aceptado la oferta o invitado a otros participantes del negocio a mejorarla. Una vez aceptada la propuesta, la responsabilidad de la obra necesaria para brindar el nuevo servicio, los costos, las demoras, las fallas o vicios de construcción, etc todo ello hubiera sido responsabilidad del privado y no hubiera podido trasladarlo a la tarifa convenida, ni presentar facturas por mayores costos, ni nada parecido. (Obviamente, con el sistema funcionando bien). Está claro que, en estas circunstancias, el “caso Skanska”-admitiendo, provisoriamente, que se trata de un tema entre privados-o no se hubiera producido, porque hubiera sido la pérdida de un privado a costa de la ganancia de otro, sin poder “pasarlo” al precio. O, de haber ocurrido, por una cuestión de corrupción o acuerdo entre funcionarios de la empresa contratista y la contratada, no nos hubiera costado fondos a nosotros, como “pagadores finales de la tarifa”. Y todo hubiera quedado circunscripto a una estafa de funcionarios a sus empresas respectivas, o al intento de alguno de los accionistas de “pasar a negro” parte de sus ingresos.

Pero sucede que el gobierno del presidente Kirchner modificó el paradigma en que funcionaban las concesiones de servicios públicos, volviendo, parcialmente, al esquema previo a la reforma de los 90.

Bajo este nuevo paradigma, en lugar de admitir cambios en la tarifa y establecer nuevos contratos que reconocieran el “empobrecimiento” en dólares de los argentinos, pasando a un esquema pesificado más CER, por ejemplo, para reconocer una remuneración al capital, el Estado decidió, definir las necesidades de nuevas inversiones y que dichas nuevas inversiones, en general, fueran financiadas por “fideicomisos” compuestos, en algunos casos, por aportes especiales de las empresas, por capitalización de deudas-caso generadores eléctricos-; en otros, por componentes específicos de aumentos de tarifas pagados por algunos sectores, o por aportes directos del Estado, o alguna combinación de todo esto. Pensando bien, este cambio de paradigma puede ser la consecuencia de una gran desconfianza hacia el sector privado. (Si le aumentamos la tarifa, en lugar de invertir en la expansión del servicio van a pagar deudas o dividendos pendientes por la ruptura de los contratos, o van a invertir en lo que ellos quieren y no en lo que necesitamos). Cuestión que se hubiera superado, insisto, con una adecuada reformulación de los contratos. O puede ser consecuencia de la imposibilidad de recurrir al mercado de capitales local o internacional, en medio del default, a buscar deuda en pesos ajustables a muy largo plazo. O puede ser, exclusivamente, el intento por evitar aumentos de tarifas y simultáneamente, realizar las obras requeridas. (Aunque esto último también se podría haber evitado, con un esquema de fideicomiso subsidiando tarifas y no obras específicas y solicitando ampliación de servicios y no inversión específica, y circunscribiendo los congelamientos de tarifa a una “tarifa social”).

Pensando mal, esta reforma puede deberse al deseo de “meter” al Estado en el medio, para direccional las obras a ciertos proveedores y obtener “ventajas” monetarias como contrapestación. Para lo cuál, además, hace falta una “usina” de facturas inventadas-como Infiniti Group, o Sol Group- para sacar los fondos de manera “blanca” y tapar los pagos de sobornos.

A partir del cambio de paradigma mencionado, la tarifa remunera, en el mejor de los caso, el costo operativo más alguna rentabilidad mínima, y los acreedores o antiguos accionistas, pagaron el “ajuste” de la pesificación y congelamiento de los precios, con renegociación de deudas o ventas de su participación accionaria.

Pero lo importante para destacar, en este caso, es que, a partir de este cambio de marco regulatorio, en toda ampliación de servicios concesionados, en dónde se requiere nueva inversión, nada pasa exclusivamente entre privados. Siempre está el Estado en el medio. Decidiendo o aprobando la inversión requerida. (Ahora no se pide servicio, a precio y calidad, sino que se pide una inversión específica para ese servicio a precio y calidad). Financiando la obra en cuestión-administrando el Fideicomiso o los fondos públicos respectivos. Interviniendo en la aprobación de los proveedores-o direccionando dicha aprobación-. Verificando los costos, el avance de las obras, los precios, etc, etc.

En otras palabras, ante este nuevo marco, el Estado asume responsabilidades que antes eran exclusivamente de los privados o, en todo caso, las responsabilidades y los riesgos involucrados se diluyen, y se pierden, asimismo, todos los incentivos y controles cruzados que existían en el anterior esquema. Esquema que, dicho sea de paso, sigue vigente, exitosamente, en la mayoría de los países del mundo en materia de concesiones de obras o servicios públicos.

Entiéndase bien, no estoy diciendo que en el caso Skanska, el problema no sea exclusivamente entre privados y que no se haya tratado de evasión impositiva para obtener fondos negros, por parte de funcionarios privados corruptos, en asociación con otros funcionarios privados corruptos. Lo que estoy diciendo es que el “sistema” creado por el gobierno del presidente Kirchner, permite que esto pase y permite, además, que pueda pasar un caso de sobornos a funcionarios públicos, por parte de las empresas proveedoras o adjudicatarias de obras. Que el Estado tuvo que autorizar, los precios y obras acordadas. Que no existe ningún incentivo, más allá de la buena fe, para evitar el pago de sobreprecios y mayores costos y que, al final del camino, sobró plata, para pagar facturas “inexistentes” y hacer la obra. Esa plata que “sobró” es menos plata de los pagadores de impuestos o de los pagadores de las tarifas específicas que, seguramente, las trasladaron a sus costos y sus precios. En síntesis, al final del camino, estamos nosotros que somos los verdaderos estafados, por menor recaudación impositiva o por mayor gasto público.

Todo esto, en un sistema clásico de “asociación público-privada”, con entes reguladores profesionales e independientes y transparencia en la información claramente, se hubiera evitado. O, al menos, hoy tendríamos claro las responsabilidades y quienes son los delincuentes y quienes los inocentes.

Y si bien tiene otro origen y otra realidad, también el caso de la eventual corrupción en la contratación de publicidad por parte de organismos públicos, surge de un sistema que tiene incentivos perversos.

Y esto me lleva al final de estas líneas.

En todas partes hay personas honestas y personas corruptas, En todas partes hay quienes cumplen con la ley y quienes la desobedecen en busca de una ventaja personal. La diferencia entre los países que funcionan bien, y los que funcionan mal, es que en los países que funcionan bien, los honestos-que son mayoría- diseñan, construyen, votan, sistemas que minimizan la posibilidad de corrupción, porque les interesa que no haya corrupción. Y cuando esos sistemas son violados, primero, castigan a los responsables con una justicia independiente y eficiente. Segundo, reforman el sistema para que, al menos esa situación particular, no se repita.

En ese sentido, y más allá de la actuación final de la justicia, tanto en el caso Skanska como en otros casos denunciados, incluido el tema de la publicidad oficial, y dado que el ritmo de la justicia es muy diferente al de la opinión pública y al de la marcha de los actos de gobierno, sería bueno, si todos en el Estado han actuado de buena fe, como dicen, que, en lugar de solicitadas, pagadas también con nuestra plata, o de declaraciones altisonantes y  mediáticas, nos estuvieran informando de los cambios que se están adoptando en el sistema de contratación de obras en servicios concesionados para que estos casos “entre privados” que terminamos pagando todos, no se vuelvan a repetir.

Como en el caso de la mujer del César, no sólo hay que ser honesto, sino también parecerlo.