Parlamento, asediado por indígenas, difiere aprobación Ley de Aguas

En medio de fuertes enfrentamientos entre policías y miles de indígenas, que llegaron desde el martes pasado a Quito para exigir cambios a la norma, el Parlamento ecuatoriano decidió incorporar las sugerencias de los campesinos para mejorar dicha ley.

Las protestas, que se reprodujeron en algunas regiones andinas del país, donde se cerraron parcialmente carreteras, dejaron como resultado, al menos, dos indígenas heridos -uno de ellos de bala-, también quince policías -uno con impacto de perdigones- y una media docena de dirigentes detenidos, ya liberados.

Las manifestaciones empezaron el pasado martes, cuando comenzó el segundo y definitivo debate sobre la Ley de Aguas, que continuó hoy con la intervención de varios legisladores, de los más de 60 que se apuntaron para intervenir en el pleno del Parlamento.

La discusión, en la que también intervinieron varios líderes indígenas, tuvo varios "nudos críticos", sobre todo por la creación de la Autoridad Única del Agua, en manos del Gobierno, la desprivatización o desconcentración del agua y la participación de usuarios en la toma de decisiones.

Tras finalizar las intervenciones, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Fernando Cordero, anunció que se recogerán las propuestas surgidas en el debate antes de votar el texto final.

Cordero no anunció en qué fecha se aprobará el proyecto legal que contiene 266 artículos, 3 disposiciones generales, 20 transitorias, 16 derogatorias y una disposición final.

La normativa establece que el agua constituye un sector estratégico del Estado y su administración se orienta al pleno desarrollo social, en atención a su decisiva influencia social, comunitaria, cultural, política, ambiental y económica.

El texto prohíbe toda forma de privatización del agua y no reconoce ninguna forma de apropiación o posesión individual o colectiva del recurso.

De su lado, el presidente de la Asamblea aseguró que la Ley de Recursos Hídricos será la que más unirá "a los ecuatorianos" y sostuvo que las observaciones recibidas de los distintos sectores políticos tienen el objetivo de "mejorar la ley".

"Son más las coincidencias que las discrepancias y hay que hacer los esfuerzos necesarios para consensuar textos que permitan expedir la mejor ley posible para el Ecuador", apostilló Cordero.

No obstante, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Marlon Santi, así como dirigentes de otros grupos indígenas, advirtieron de que se mantendrán atentos al trámite de la ley, cuyo proyecto impulsado por el Gobierno ha sido criticado por ese colectivo.

Los indígenas consideran que ciertos aspectos de la ley permiten la privatización de las fuentes de agua, especialmente par empresas como las mineras, en detrimento de las comunidades que se asientan en las zonas de proyectos de extracción de minerales.

Santi incluso advirtió con aumentar la fuerzas de las movilizaciones si las observaciones planteadas por el movimiento indígena no son recogidas en el informe final, que será votado próximamente en el pleno de la Asamblea.

La policía, por su parte, rechazó la violencia de los indígenas durante las movilizaciones y pidió a los dirigentes de ese colectivo que haya un respeto mutuo.

"Entendemos que los reclamos pueden ser justificados o no, pero debe haber consciencia ciudadana de respeto a las personas y en esa misma circunstancia debemos respetarnos mutuamente. No podemos ser objeto de agresiones y esperar más agresiones", señaló el director general de Operaciones de la Policía, Jaime Vaca.

De su lado, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, rechazó la protesta indígena y dijo no comprenderla, ya que su Gobierno, según él, ha sido el que más ha trabajado por las comunidades ancestrales.

"Nosotros estamos con el movimiento indígena, como proceso histórico y de inclusión", subrayó Correa, que acusó a la Conaie de financiar la movilización con recursos de fundaciones extranjeras.