Retorcer las leyes

El trabajo dominical del Tribunal Supremo, suspendiendo la práctica totalidad de las candidaturas presentadas por Batasuna, sólo puede calificarse de un retorcimiento de las leyes, paralelo, por cierto, al que con sentido distinto hace el brazo político de ETA. Era, por tanto, previsible una y otra reacción. Salvando las distancias morales, se trata ni más ni menos que un pulso de leguleyo a leguleyo.

Pero resulta muchísimo más grave la segunda decisión del Alto Tribunal, la de hacer tabla rasa de las candidaturas presentadas por Acción Nacionalista Vasca, un partido legal. Aquí, los dieciséis magistrados entran en el siempre resbaladizo terreno del (pre)juicio de intenciones. Si un partido es legal –ANV lo es—no puede despojarse a los formalmente antiguos miembros de la disuelta Batasuna de su condición de elegibles ni de la de electores. La Ley de Partidos Políticos (que al columnista le sigue pareciendo una pésima ley) disuelve la organización pero no priva a quienes fueron sus militantes, ni mucho menos a sus simpatizantes, de cualquier otro derecho cívico, entre ellos el de sufragio activo y pasivo.

Se equivocó políticamente el Gobierno, a través del Fiscal General del Estado, al instar la anulación de 136 candidaturas de ANV, pero yerra aún más el Tribunal Supremo al prácticamente convalidar entero el requerimiento del Ejecutivo. Una mala noticia para todos, tanto si ETA vuelve a las andadas como –y sería de esperarlo- si no lo hace. Pasamos de la objetividad de las leyes a la subjetividad de los errores políticos, ya que tanto el Gobierno como los magistrados están confundiendo los deseos con la realidad.

Y la realidad, por lo que hace referencia al País Vasco, es tozuda y terca. De hecho, con este retorcer de las leyes se le brinda al entramado batasuno una baza gratuita. Un error y un error que pagaremos caro, tanto en lo político (guste o no, es un disparate silenciar a 200.000 electores) como en lo moral. Porque el Estado de Derecho –tan invocado en los últimos tiempos por el Partido Popular y el propio gobierno—no es algo elástico, como un chicle, que se pueda retorcer, alargar y acortar a voluntad. Si frente a la sinrazón de los pistoleros etarras y de sus corifeos estamos invocando el imperio de la Ley, lo menos que podemos hacer es cumplirla a rajatabla y no orillarlo con triquiñuelas de leguleyo.

Veremos que es lo que tiene que decir el Tribunal Constitucional sobre el particular... Aunque lo más probable es que siga retorciendo la ley. Una pena, claro.