El President
Montilla ha puesto una vez más en duda las prioridades de sus lealtades y su consideración de hombre de Estado al lanzar la iniciativa de un acuerdo en el Parlament de todos los partidos catalanes solicitando la renovación del Tribunal Constitucional y la petición de que se declare incompetente para entender en los recursos de inconstitucionalidad presentados frente al Estatut, aprobado por el Congreso de los Diputados y posteriormente en un referéndum muy “light”, pero en fin de cuentas consulta popular plenamente válida. Los motivos o la justificación política, que no jurídica, son diversos como diversas son las fuerzas políticas que los impulsan, pero la responsabilidad principal recae sobre quien ostenta hoy legítimamente la dirección de la política catalana y fue, por añadidura, uno de los muñidores del cuerpo del Estatut.
Bien es cierto que la proximidad en el tiempo de las elecciones al parlamento catalán viene distorsionando muchos aspectos de la política catalana, acelerando el desarrollo del recurrido Estatut e incluso adaptando las estructuras administrativas y los repartos competenciales entre diversos organismos. Es uno de los argumentos que se esgrimen por quienes defienden la plena legalidad y conveniencia del texto estatutario y los nulos efectos sobre la fortaleza del Estado autonómico y la participación de Cataluña en las instituciones estatales.
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Pero después de una serie de provocaciones públicas sobre la intangibilidad del texto estatutario, ni siquiera matizadas como hace algunos meses con el calificativo “preceptos esenciales”, Montilla se ha puesto al frente de la manifestación reclamando varios objetivos imposibles. El primero conceder al referéndum celebrado en Cataluña legitimidad “erga omnes” por sí y ante sí, lo que haría intocable el texto del Estatut pese a darse una sentencia correctora del Tribunal Constitucional; el segundo, que el Tribunal Constitucional reconozca su propia ilegitimidad para dictar sentencia por estar caducados algunos mandatos de su magistrados integrantes. Como cualquiera comprenderá, dos disparates jurídicos, por no decir necedades.
Si el Tribunal Constitucional conserva la mayoría de sus miembros con sus mandatos en vigor, aunque otros hayan caducado, el propio artículo 17 de la Ley Orgánica reguladora establece que “ Los magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles”, por lo que no es dudosa su plena legitimidad para dictar sentencia aunque se haya dilatado el plazo para llegar a un acuerdo. Por tal razón tampoco tendrían legitimidad para dirimir el conflicto de competencias entre Aragón y Cataluña, planteado hace doce años y otros asuntos pendientes.
Por estas y más razones que no es lugar de exponer, el acuerdo del Parlament patrocinado por Montilla y que ya puede considerarse cerrado, una vez que ERC ha ratificado su propósito de votarlo favorablemente, contiene un aspecto positivo y deseable, como es urgir a los dos partidos mayoritarios para llegar a un acuerdo sobre el nombramiento de los magistrados que han de sustituir a los que tienen sus mandatos expirados. Pero la otra petición, la declaración de su incompetencia por el propio Tribunal Constitucional, no solo es absurda, retardataria y contraproducente, sino ilegal por cuanto por el mandato constitucional de obtener una tutela judicial efectiva y por extensión de la obligación que atañe a los jueces de dictar resolución sobre los asuntos que se les sometan, so pena de incurrir en la prevaricación del artículo 448 del Código Penal, están obligados a dictar sentencia.
Ya vemos que no solo en el Reino Unido o en Renania cuecen habas: también en Cataluña unas elecciones a la vista provocan sospechosas actitudes.
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