El debate sobre esta medida se prolongó por espacio de dos horas y en el mismo intervinieron tanto el presidente regional, José María Barreda, como la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, que protagonizaron un intenso 'cara a cara' parlamentario con ovaciones y abucheos desde las bancadas tanto de socialistas como de 'populares', y algunas llamadas al orden por parte del presidente de las Cortes, Francisco Pardo.
El texto del Estatuto será retirado por tanto del Congreso de los Diputados tres años después de su aprobación en el Parlamento regional por unanimidad, por lo que no llegará al pleno de la Cámara Baja. El último trámite del texto fue la aprobación la semana pasada del dictamen de la Comisión Constitucional tan solo con el respaldo del PSOE.
Se convierte así en el segundo estatuto de los denominados de "segunda generación", tras el de Canarias, que regresa a su Comunidad Autónoma de origen sin haberse aprobado, sin contar el denominado 'Plan Ibarretxe', que no llegó a tomarse en consideración.
Termina también de esta forma el periplo de un texto cuyo origen se remonta a octubre de 2005 con el denominado Acuerdo de Fuensalida firmado entonces entre Barreda y el que fuera presidente regional del PP, José Manuel Molina, y en el que se recogía la voluntad de ambas partes de poner en marcha la reforma estatutaria en la región.
Tras numerosos trabajos del grupo de ponentes, socialistas y 'populares' se pusieron de acuerdo sobre un texto que fue aprobado por unanimidad en las Cortes regionales en febrero de 2007, donde se recogía la cuestión más polémica del texto, la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. La reforma entró posteriormente en el Congreso de los Diputados donde fue tomada en consideración en octubre de 2008.
A partir de ese momento, comenzó un proceso de negociación entre los diputados nacionales ponentes, que llevó a ir proponiendo la modificación de su articulado a través de las enmiendas, cuyo plazo de presentación se alargó en numerosas ocasiones.
Reproches y descalificaciones mutuas
Las acusaciones han sido duras por ambas partes, PSOE/Gobierno y PP. Y, así, el presidente Barreda ha cargado contra De Cospedal, diciéndole que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha "le preocupaba más a Valcárcel" que a ella. Redondeando con este ataque directo: "El Estatuto no le interesaba a Cospedal lo suficiente".
El presidente agregó que él consiguió que en el grupo del PSOE "votara a favor y su señoría, pese a ser secretaria general o tal vez por ser secretaria general, no lo ha conseguido". "Y eso ha sido así por mucho que quieran enmascararlo por mucho que pongan en marcha una estrategia de ceremonia de la confusión", concluyó.
Por su parte, tampoco De Cospedal se ha quedado corta, pues ha exigido la dimisión de Barreda por el naufragio del Estatuto, a la par que le ha acusado de prender fuego a la reforma para "tapar sus vergüenzas". Según ha señalado también la dirigente 'popular', el presidente quiere vivir a costa del problema del agua "y por ello "le interesa el fracaso del Estatuto".
También la presidenta del PP regional ha acusado reiteradamente de mentiroso a Barreda. Igualmente ha afirmado que el PSOE "tensa la convivencia cuando se siente perdedor de las elecciones. Debemos estar próximo a ello porque el clima político de Castilla-La Mancha se está convirtiendo en una ciénaga llena de mentiras. Barreda miente y va a seguir mintiendo, miente mucho y lo hace gravemente".
El trasvase y la reserva
La cuestión del agua se convirtió en el principal escollo del texto, y llevó al Gobierno regional a plantear que la fecha de caducidad del trasvase no se recogiera, a cambio de una reserva estratégica de agua para Castilla-La Mancha fijada en 6.000 hectómetros cúbicos. Posteriormente, esta cantidad fue rebajada a los 4.000 hectómetros cúbicos y llevada al preámbulo.
El informe de la ponencia con este precepto fue aprobado en el Congreso con apoyo del PSOE y CiU y con la abstención del PP. El grupo catalán dijo entonces que no apoyaría el texto si no recibía el respaldo de las dos fuerzas mayoritarias, lo que provocó que el consenso entre ambos se hiciera imprescindible para sacar adelante el texto.
Así las cosas, la semana pasada se celebró la Comisión Constitucional, en la que el PP presentó una propuesta de última hora que el PSOE rechazó por considerar rebajadas sus peticiones. Ello provocó que el PP votara contra el dictamen y defendiera su propuesta, y que Barreda anunciara la petición de la retirada del Estatuto ante la falta de consenso.
Desde entonces, Barreda y Cospedal se han culpado mutuamente del fracaso en la tramitación del Estatuto. El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que "la batalla continuará" y que elevará "el tono" de sus reivindicaciones, mientras que la presidenta del PP ha pedido la dimisión de Barreda, ha considerado la retirada su "fracaso personal" y ha anunciado que su partido llevará en su programa electoral paras las elecciones autonómicas la aprobación del Estatuto.
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