Piedad Córdoba se va en contra del Gobierno Uribe

Así mismo, Córdoba también denunció que el año pasado, durante un viaje que hizo a Costa Rica, descubrió que la ex  - directora del DAS María del Pilar Hurtado la estaba siguiendo junto con cuatro agentes armados de esa entidad.

Ante el anunció de la senadora, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad a través de la cual se habrían hecho los seguimientos y escuchas ilegales, emitió un comunicado en el que se solicita a la senadora que presente las pruebas que dice tener

“(La senadora Córdoba deberá) entregar a la Fiscalía General de la Nación, a la brevedad posible, las supuestas pruebas de las que habla", expresa la comunicación.

Así mismo, la misiva afirma que Córdoba contó durante casi 16 años (de 1994 al 2009) con un esquema de seguridad del DAS encargado de protegerla y "nunca" presentó una queja formal "para que se adelantaran las investigaciones internas correspondientes".

El DAS informó que dicho esquema le fue reforzado en 2003 cuando se desempeñaba como representante a la Cámara, y que sin embargo, la funcionaria voluntariamente renunció a él, el pasado 22 de noviembre de 2009.

A continuación, la entidad estatal agregó que: “a pesar del constante trato displicente por parte de la senadora", los funcionarios del DAS "han prestado la máxima colaboración" para protegerla.

Durante una audiencia de imputación de cargos contra cinco ex funcionarios del DAS celebrada recientemente, la Fiscalía sostuvo que, según varios testigos, las órdenes de escuchas, seguimientos e interceptaciones procedían del Palacio de Nariño.

Además, el ente investigador indicó que un grupo de funcionarios del DAS constituidos en una especie de "empresa criminal" determinaron calificar como "objetivo político" a Piedad Córdoba y al candidato presidencial por Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro.

Respecto a esto, hace pocos días, el presidente Uribe negó que su Gobierno hubiese ordenado al DAS la realización de algún tipo de seguimiento ilegal; incluso el mandatario se atrevió a decir que está dispuesto a ir a la cárcel si llega a comprobarse su responsabilidad en las llamadas “chuzadas”.

De otro lado, a mediados de este mes, la Procuraduría presentó cargos contra Córdoba por presuntos vínculos con las FARC y por supuestos actos de "traición a la patria".