¡Justicia para víctimas del franquismo!

A este respecto, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) emitió un comunicado en el que manifiesta su "enorme preocupación" por la decisión del magistrado instructor del Tribunal supremo de España, Luciano Varela, de "proceder al juicio del juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional española, por el presunto delito de prevaricación” al investigar los crímenes de estos hechos.

De esta forma, la CCJ exhorta a las autoridades españolas a abandonar su resolución, toda vez que consideran importante que se culmine la investigación de los crímenes anteriormente citados.

Así mismo, la CCJ solicitó a la justicia española que garantice la investigación, juicio y sanción de los implicados en la Guerra Civil española y la dictadura franquista, así como la verdad y la reparación a que tienen derecho los familiares de las víctimas “de estos execrables delitos”.

Para la Comisión, las acciones de Varela "resultan contrarias a derecho e incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado español en materia de investigación y represión de los crímenes de lesa humanidad".

Agrega la Organización No Gubernamental (ONG), que "resulta extraño, jurídica y éticamente", que un magistrado pueda "ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista".

La CCJ recuerda que según el derecho internacional los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden "ser objeto de amnistías o medidas similares", como lo prescriben los principios de cooperación internacional adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidades.

El conglomerado colombiano argumenta su petición en el principio que asegura que los crímenes de lesa humanidad no sólo afectan a un país o nación sino a todos los hombres, y por ello “la Comisión Colombiana de Juristas se siente afectada por la decisión del Magistrado instructor del Tribunal Supremo".

Para la ONG, con estatus consultivo ante Naciones Unidas, la decisión en contra de Garzón "envía una mala señal al mundo, que alienta la impunidad y destruye los esfuerzos que durante más de una década ha hecho la justicia española para reprimir los crímenes de lesa humanidad en distintas partes del globo".

Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, es conocido fuera de España como el instructor de causas como la que generó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998.