La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes una enmienda pactada entre PSOE y CiU que suprimiría la limitación de los derechos de voto al 10% en las empresas que cotizan en Bolsa. La medida favorece a Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso, en su lucha por un mayor control en Repsol, y a Florentino Pérez (ACS) en Iberdrola, pero también podría complicar el control de la familia Polanco sobre Prisa (El País) tras la entrada de los fondos norteamericanos.
Aunque la entrada en vigor de la prohibición de los blindajes empresariales se retrasará en un año desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las espadas ya están en alto en diversas empresas -, ACS, Telefónica, Iberdrola, Repsol- y ahora en Prisa, dueña de la cadena Ser y el diario El País.
No se sabe cómo le habrá sentado al fondo americano Liberty Acquisition Holdings Corp.,la medida impulsada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y sus socios en CiU, que sin duda favorecerá el control de la compañía sobre la familia propietaria de Prisa. Según el pacto alcanzado con los Polanco, el fondo pasaría a controlar el 57% del capital pero sólo tendría un 30% de los derechos de voto, de acuerdo con la limitación para todos los accionistas que se propondrá en la próxima Junta General.
No es casualidad que los dueños históricos de Prisa mantengan un 30,05% del capital después de la transacción y que, incluso, el acuerdo incluya mecanismos de ajuste para evitar que la participación de los Polanco-Pérez y socios sindicados nunca pueda situarse por debajo del 30%.
Accionistas minoritarios
Sobre este asunto, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de empresas cotizadas (Aemec) ha criticado la enmienda ya que supone, a su juicio, un intento del Gobierno de "cambiar las reglas del juego de las sociedades anónimas de una forma precipitada y abre la puerta a que oligarquías accionariales puedan hacerse con el control de facto de una sociedad sin tener que recurrir al mecanismo de la opa".
Aemec se puso en contacto la pasada semana con el gabinete del comisario Michel Barnier, responsable del Mercado Interior, para informarle de la situación planteada en España por la enmienda y sondear posible alternativas jurídicas a adoptar en el marco comunitario.