El esperado levantamiento del secreto sumarial que pesaba sobre las actuaciones del bautizado caso Gürtel, no ha producido sorpresas notables ni reacciones drásticas. En el partido popular, al que en teoría perjudica la difusión de los pormenores de un caso de corrupción tan extendido, no se ha perdido la sonrisa y se considera que las medidas adoptadas en su momento respecto de las personas presuntamente implicadas, han sido correctas y ajustadas, y no es necesario ir más allá. En otras formaciones políticas no se opina igual ante unos hechos que, aunque no fueran delictivos, implican una negación total de principios de ética política que perjudican directamente a la credibilidad de la política, de los políticos y del propio sistema democrático. El rechazo que la sociedad española venía mostrando sobre la llamada clase política, por considerarla crecientemente profesionalizada, retribuida en gran número de casos espléndidamente sin atención al trabajo ni a la responsabilidad, ha encontrado en la cadena de graves casos de corrupción, especialmente en materia urbanística y de protección del patrimonio natural e histórico, una base alimentada progresivamente por los sucesivos casos descubiertos y enjuiciados y por otros que sin llegar a los tribunales están a la vista de todos bajo la sospecha de haber burlado la ley.
En esta situación de desafección política, la irrupción del asunto Gürtel ha supuesto un nuevo golpe que ha llevado a la sociedad española a considerar la situación de la política como la tercera preocupación en encuesta bien reciente, por detrás del paro y la situación económica. Esto supone que la cadena de escandalosas fechorías que en muchas ocasiones integran delitos, han acabado por hacer mella en una sociedad ampliamente permisiva , vacunada contra cohechos, fraudes y tráficos de influencias que, lejos de estigmatizar a sus autores, son reconocidos en amplios sectores de la sociedad como muestra de audacia e inteligencia. Pero también es cierto que en otros sectores han producido rechazo o cuando menos desmoralización: más aún en plena crisis económica en la que un alto porcentaje de personas honradas no pueden ni percibir un salario digno.
Habrá que explicar una vez más que no todos los políticos son así, que hay gente verdaderamente entregada a los asuntos públicos y que intentan resolver los problemas comunes. Pero esta realidad menos llamativa no alcanza a neutralizar los efectos de unos escándalos que han superado los ámbitos locales.
En efecto, la trama de corrupción de Gürtel es más trascendente porque afecta
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al núcleo del partido popular, o a elementos muy importantes del mismo. Desde el asunto Filesa, ya purgado en los tribunales y en las urnas, no se había dado una situación semejante. Pero cabe preguntarse si en el caso actual habrá una reacción social semejante, después de haber tragado con un rosario de ilegalidades solventadas con unas sanciones penales que a uno se le antojan suaves y que no han obtenido a nivel de la calle un reproche frontal. Por el contrario, en numerosos casos los convictos y procesados han mejorado sus resultados electorales cuando han optado a cargos electivos.
Una situación tan preocupante debería tener una respuesta inmediata de los partidos políticos, y muy especialmente del que aparece implicado. Porque si quienes manifiestan la voluntad popular, como son los partidos políticos, no condenan drásticamente los casos de corrupción y adoptan medidas tajantes con los infractores, se estará alimentando una conciencia social falsa, sin principios éticos ni exigencia de un mínimo de honestidad. Un mal futuro.
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