La teoría económica nos enseña que un mercado tiende a moverse hacia el equilibrio, es decir, el precio de mercado al cual la cantidad ofertada se iguala a la cantidad demandada. Sin embargo este precio de equilibrio no implica que los compradores y los vendedores estén satisfechos con él.
Al fin y al cabo, los compradores estarían encantados de pagar el menor precio posible, y a veces pueden exigir el derecho de pagar un precio más bajo. En otras palabras, a menudo hay razones y motivaciones de tipo político que demandan la intervención del estado en los mercados, por ejemplo con un control de precios.
Pero, a todo esto, no es fácil decirle a un mercado lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si los regula al alza imponiendo un precio máximo, se producen algunos efectos colaterales indeseables que son fácilmente previsibles.
Los precios máximos dan siempre lugar a situaciones de escasez, con consecuencias graves en términos de eficiencia, es decir con oportunidades desaprovechadas:
1°- los precios máximos a menudo generan ineficiencias en forma de asignación ineficiente en consumo, la gente que necesita urgentemente un bien y está dispuesta a pagar un precio elevado no lo consigue, mientras que las personas a las cuales les importa relativamente poco ese bien y están dispuestas a pagar una pequeña cantidad por el bien, lo consiguen.
2°- los precios máximos conducen habitualmente a la ineficiencia en forma de recursos desaprovechados: la gente gasta dinero y esfuerzos para convivir con una situación de escasez provocada por el precio máximo.
3°- los precios máximos causan a menudo ineficiencias porque los bienes ofertados tienen una calidad ineficientemente baja: los vendedores ofertan bienes de baja calidad a un precio bajo, aunque muchos compradores preferirían pagar más con tal de conseguir una mejor calidad.
4° - favorece la aparición de mercados negros (actividades ilegales).
En el caso tan controvertido de la carne suceden muchas de estas situaciones.
Por un lado si la entrada habitual de animales en Liniers era de 35.000 cabezas semanales, se redujo a principios de 2007 a 16.000 aproximadamente.
Sin embargo, el volumen de faena no disminuyó. Según los consignatarios, esto es un síntoma de que el Mercado de Liniers se está transformando en comercializador de hacienda general y regular y que el grueso de las ventas se concretan en forma directa, ya que la lista con los precios topes no tiene vigencia en este tipo de negociaciones, y el precio del kilo vivo vale unos 40 centavos por encima del precio de Liniers. La escasez puede ser consecuencia directa de los controles de precios, y desde que se impuso la lista de precios máximos en Liniers, los ingresos en ese mercado bajaron en más de un 40%, creciendo la venta directa a frigoríficos.
Eso no es todo, varios matarifes que operaban en frigoríficos bonaerenses comenzaron a trasladarse al interior para trabajar lejos de la presión oficial, y un pequeño porcentaje se está faenando a campo, sin las inspecciones sanitarias pertinentes cambiando sustancialmente la condición sanitaria.
Si sabemos entonces los perjuicios que traen aparejados los controles, ¿por qué los gobiernos aplican este tipo de medidas?
Uno de los objetivos oficiales era lograr que el costo de vida no llegue a los dos dígitos, sin embargo, según los últimos datos del INDEC, la canasta básica aumentó en marzo un 3,6%.
Los acuerdos para controlar precios de alimentos no son los únicos que dan muestras de haber cumplido un ciclo, algunos servicios privados como salir a comer afuera, las cuotas de los colegios privados, los alquileres o los planes de medicina prepaga, entre otros tienen el mismo síntoma.
Es decir, la inflación reprimida oculta un problema realmente grave, y se trata del alto endeudamiento del gobierno en pesos ajustables por CER. Casi el 42% del stock de deuda pública está en pesos ajustables por el CER.
Con un aumento de precios (inflación) del 1% mensual tendríamos como consecuencia un incremento de deuda de casi 1.700 millones mensuales, y por ende, el peligro de desaparición del superávit fiscal.
Es decir, que nos encontramos con la verdadera causa del control de precios, de los acuerdos empresarios, de la suba de las retenciones a los exportadores, de los subsidios a la producción y de toda clase de dibujo estadístico. Mayor peligro corre dicho superávit si pensamos que esto ocurre en un año en vísperas de elecciones donde el gasto público tiende a crecer
Claudia Saporosi
Licendiada en Economía, Profesora de la Universidad Católica Argentina (UCA)
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