El Constitucional no tiene la culpa, la tienen los políticos que le han puesto ante el empeño de realizar la cuadratura del círculo. No se trata de coronar con aureola de santo a todos los miembros del Alto Tribunal, Se trata de denunciar tanta hipocresía de los políticos ante el tema del Estatut catalán y la sentencia que ha de emitir, por imperativo legal, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución.
El Tribunal Constitucional lo crearon los políticos. Ellos le dieron sus competencias. También han sido ellos quienes decidieron su composición.
La Constitución igualmente la redactaron, consesuadamente, y la aprobaron los políticos, y la sometieron a referéndum de todos los ciudadanos, que la aprobaron por una gran mayoría, también en Cataluña.
Ahora el Tribunal Constitucional, en uso de sus competencias y cumpliendo con su obligación, está intentando emitir una sentencia sobre la constitucionalidad o no del Estatut que también han redactado y aprobado los políticos, sabiendo éstos que había un alto Tribunal al que habían facultado para garantizar la constitucionalidad de todas las decisiones legales y gubernamentales.
Entre estas está el Estatut, y todos los estatutos. Pero resulta que el catalán es especialmente complicado de interpretar, por su fondo y por su forma. Ello se debe a los políticos, entre ellos algunos catalanes bien conocidos, con especial complicidad del expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall, en connivencia del Presidente Zapatero al que aquél ayudó decisivamente a llegar a la presidencia del Gobierno. Y con claras reservas e importantes enmiendas al texto, puestas entonces, por el actual presidente José Montilla.
El Constitucional, que se ha encontrado con esta patata ardiendo en sus manos, intenta desde hace cuatro años, consensuar entre sus miembros, nombrados por los políticos, una sentencia que, siendo jurídicamente correcta, no comporte secuelas políticas graves. Cosa prácticamente imposible, dado que encajar jurídicamente todo el texto del complejo Estatut dentro de la Constitución, es como intentar la cuadratura del círculo. Esto explica, en gran parte, el retraso y también el convencimiento de que la sentencia no será del agrado ni de unos ni de otros. Seguramente, optará por el mal menor.
Encajar el Estatut en la Constitución, en la medida que sea posible, será con calzador, forzando la interpretación de esta y recortando algunos aspectos de aquel. Pretender, en vano, que el Estatut, más o menos recortado o reinterpretado, sea asumido por el nacionalismo catalán y sin traumas político-sociales, requeriría la táctica del supositorio, que es la que probablemente se empleará: suavemente y por detrás.
La maniobra ya ha empezado. Se trata de presentar esta delicada cuestión a la opinión pública, diciendo que seguramente “sólo” se declararán inconstitucionales unos 15 o 20 artículos de los más de 220 que contiene el Estatut, y que se hará una lectura interpretativa de algunos otros, en contra de los 114 que habían sido recurridos.
La sentencia jurídicamente será mejor o peor, y políticamente seguro que no complacerá a nadie. Se trata, no seamos hipócritas, de la cuadratura del círculo. La culpa es de los políticos.