Nubarrones sobre el número 13 de la madrileña calle de Génova, y eso que los problemas que ahora se reabren tienen sede en Mallorca y Estados Unidos. Primero, por el juicio del 'caso Palma Arena', que puede terminar con
Jaume Matas en prisión preventiva aunque eludible bajo fianza de 3 millones de euros. Al menos, es la petición de la Fiscalía anticorrupción y este martes podría ratificarla el juez encargado del caso.
Esta decisión iba a tomarse ayer lunes, pero finalmente se retrasó sin más detalles hasta la jornada de hoy martes. Mientras tanto, el protagonismo en las últimas 24 horas ha sido para la voluntaria retirada de militancia por parte de Matas, que facilitó así las cosas a
Mariano Rajoy, evitándole otro caso como el de
Ricardo Costa, el dirigente 'popular' valenciano, mano derecha de
Francisco Camps, y que aparece mencionado en el sumario del polémico 'caso Gürtel'.
Rajoy llegó a decir desde su visita canaria a sedes del PP, que la aceptaba de manera inmediata: "Sí, hace unos momentos me han confirmado que el señor Matas ha pedido su baja en el partido. Nosotros la veamos a aceptar, como es natural. Le deseamos lo mejor para el señor Matas y, si puede, que demuestre su inocencia. Quiero reafirmar que el PP será implacable en la lucha contra la corrupción".
La medalla de Aznar
Y el otro gran asunto que ha regresado a la actualidad tras unos años silenciado es el de la tan polémica medalla concedida por el Congreso de Estados Unidos a
José María Aznar cuando éste era aún presidente del Gobierno. El Tribunal de Cuentas va a investigar si hay "responsabilidad contable" en las gestiones realizadas por el Ejecutivo para que Aznar consiguiera la medalla.
La decisión del Tribunal de Cuentas, comunicada a las partes, se ha adoptado después de estudiar las alegaciones del Ministerio Fiscal y del abogado del Estado. Es decir, que continuará con la tramitación de la denuncia presentada por los abogados
José Luis Mazón y
Encarnación Martínez y por la asociación "Preeminencia del Derecho".
El Tribunal de Cuentas decidió abrir, el pasado 3 de febrero, la investigación por la denuncia contra los integrantes del Consejo de Ministros que el 26 de diciembre de 2003 decidieron destinar 2,3 millones de euros para suscribir un contrato con la empresa estadounidense
Piper Rudnick.
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