Amparado por la resolución del juez Roque Leaños, quien derivó esta causa de la vía penal a la civil, Limón justificó su desaparición al explicar que en ningún momento recibió una citación formal del Ministerio Público y que se enteró por los medios de comunicación de que ya había una orden de aprehensión en contra suya.
“¿De qué delito hablan? Si yo no estafé a nadie. Hay un documento donde me hago cargo de una deuda que no la generé, pero que estaba dispuesto a cancelar”, precisó.
YPFB presentó el 3 de marzo una denuncia ante el Ministerio Público de Santa Cruz por supuesta estafa en la compraventa de combustibles, que fueron pagados con 22 cheques de una cuenta carente de fondos. El presunto daño económico contra el Estado asciende a 2,3 millones de bolivianos.
Durante más de una hora, Limón rechazó la acusación y aseguró que los verdaderos culpables están en el Distrito Comercial Oriente, que permitieron que por más de dos meses se venda combustible con cheques observados.
El fiscal asignado al caso, Alberto Cornejo, evitó hacer algún comentario sobre las declaraciones del acusado y precisó que no descarta volverlo a citar, pero antes, manifestó, se debe resolver la excepción de competencia, hoy en manos de la Corte Superior de Justicia.
A su vez, los abogados de YPFB presentaron a Arminda Méndez, fiscal de Distrito, una denuncia contra el juez Leaños, en la que se le acusa de prevaricato y de dictar resoluciones contrarias a la Constitución, pues pasó el caso a la vía civil.
Méndez hizo notar que Leaños ya fue imputado por otro caso, en el que se le acusa por prevaricato y falsedad ideológica. “Hemos dictado una instructiva a los fiscales para que recusen a los jueces que tengan una conducta deplorable en los casos en la que la víctima sea el Estado".
Leaños aseveró que está abierto para que lo investiguen, y consideró que su falló tuvo un razonamiento lógico , pues se trataba de un documento financiero. “Parece que están tratando de encubrir a funcionarios”.
La Fiscal de Distrito recordó que Leaños ya fue acusado de prevaricato.
Datos
El 3 de marzo, YPFB presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Santa Cruz por supuesta estafa.
Se trataba de la compraventa de combustibles que fueron pagados con 22 cheques falsos y sin fondos.
El supuesto daño económico al Estado por este negocio fallido asciende a 2,3 millones de bolivianos.
El principal implicado es Marcelo Limón, de quien se dice que actuó en coordinación con funcionarios de la empresa.
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