El apoyo que PP y CiU han dado este jueves al texto no garantiza, sin embargo, la aprobación final del proyecto que, al tratarse de una ley orgánica necesita mayoría absoluta para salir adelante, y tanto los populares como los nacionalistas catalanes han recordado al Gobierno alguna de sus condiciones durante el debate.
Así, el portavoz de Justicia del PP,
Federico Trillo, ha puesto sobre la mesa su propuesta de introducir la cadena perpetua revisable para delitos graves, como atentados terroristas con víctimas mortales o asesinatos en los que medie agresión sexual.
Se trata, según Trillo, de que "el que la haga la pague" y que los terroristas, pederastas y violadores que causen muertes sepan que "van a tener que arrepentirse cada día de su vida en la cárcel".
El diputado del PP ha negado que esta pena sea incompatible con la Constitución, como mantiene el Gobierno, y considera que además es una demanda de la sociedad.
Por su parte, Convergencia i Unió reclama al Ejecutivo que durante el trámite de la reforma en comisión se endurezca el castigo para quienes cometan pequeños delitos -como hurtos- de forma reiterada, con penas de cárcel de 15 días hasta tres meses.
El diputado de CiU
Jordi Jané ha destacado que sólo en Barcelona los datos reflejan que se registran 80.000 hurtos al año -diez cada hora- y que, aunque se mantienen abiertos al diálogo, su apoyo a la reforma está condicionado a que esas faltas sean consideradas como delito.
Los grupos que pedían la devolución del proyecto, en cambio, coinciden en que es innecesario el endurecimiento de las penas que se contempla y critican que el Gobierno legisle de forma "compulsiva" y a golpe de impacto mediático.
'Endurecimiento punitivo'
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Así lo han destacado el portavoz del PNV,
Emilio Olabarria; el de ERC,
Joan Ridao, y los diputados de IU,
Gaspar Llamazares, y del BNG,
Francisco Jorquera, que creen que se consolida una preocupante tendencia al endurecimiento punitivo cuando el Código Penal español ya es uno de los más duros de la Unión Europea y el país tiene una de las tasas más bajas de delincuencia.
Unos argumentos que no comparte el ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, que ha asegurado que no se trata de "un proyecto duro frente al débil y débil frente al fuerte" y que "si la sociedad cambia el Código Penal debe acompañar reflexivamente esos cambios".
Caamaño ha defendido que las normas penales "no deben hacerse con el corazón, sino con la razón" y que esta reforma es "necesaria, idónea y adecuada" para hacer frente a las nuevas formas de delincuencia, combatir eficazmente la corrupción y trasladar a nuestro sistema el reproche social que merecen ciertas conductas.
Al tiempo, el ministro ha argumentado que también se incorpora la "perspectiva" de las víctimas y que se respetan los principios de reinserción y proporcionalidad que exige la Constitución.
El ministro, que se ha congratulado de la acogida que el proyecto ha tenido entre la mayoría de las fuerzas políticas, ha tendido la mano a los grupos que han pedido su retirada para que se unan al consenso durante la tramitación parlamentaria que ahora comienza.
Sin embargo, el apoyo de los grupos de izquierda y del PNV es difícil, ya que rechazan medidas que el Gobierno va a mantener, como la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo si hay víctimas mortales y la libertad vigilada para delitos de especial gravedad una vez cumplida la pena.
Olabarria ha considerado que esa fórmula introduce "por la puerta de atrás y "de tapadillo" la cadena perpetua y ha dicho que "es mucho más honesto" lo que hace el PP al proponer directamente la "prisión perpetua revisable".
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