El director del Observatorio, Ángel Martínez-Aldama, señala que los datos observados en los últimos meses, en los que los reembolsos se han reducido y las suscripciones netas se recuperan, permiten hablar de un tímido aunque claro “cambio de tendencia”, con los fondos como los productos estrella en 2010. En una entrevista en Telemadrid, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aconsejó a los trabajadores que se hagan un plan de pensiones que complete la jubilación pública, no porque ésta vaya a tener problemas y no cobren, sino para compensar la pérdida de ingresos que se produce al jubilarse. Él, según dijo, tiene uno desde hace años.
Aún así, si comparamos España con el resto de países europeos, las familias españolas sólo tienen un 15% de sus ahorros invertido en fondos de pensiones y seguros, frente al 33% de la media europea; nos gusta más invertir en depósitos bancarios, que tienen un peso en la cartera de los ahorros del 48%, frente al 34% europeo, según los datos de la patronal Inverco.
Los datos coinciden de nuevo con el barómetro, que dice que el 38,7% de los encuestados tiene abiertos depósitos en entidades financieras, por encima del 35,9% que destina su ahorro a la compra de vivienda y otros inmuebles, mientras que el 28,5% restante lo dedica a seguros de vida. La media de productos contratados es de 2,4 por persona, con significativas diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas, ya que en Navarra el 52% de los ahorradores tiene uno o más planes de pensiones, mientras que en Extremadura el porcentaje no alcanza el 32%.
El estudio también distingue entre las distintas franjas de edades, y concluye que entre los 40 y los 64 años la jubilación es el mayor aliciente para el ahorro (del 28% para edades entre 40 y 54 años, y del 37% entre 55 y 64), mientras que los menores de 40 años y los mayores de 65 destinan en ambos casos el 28,4% de los casos su ahorro a la educación de los hijos.
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Rentabilidades
En contra de la contratación de planes de pensiones juega la incertidumbre del cálculo de rentabilidades. En los últimos 3, 5 y 10 años, la rentabilidad promedio de los planes de pensiones fue sensiblemente inferior a la inflación y a la inversión en bonos del Estado a cualquier plazo. Sólo 5 de los 800 planes con 10 años de historia y 2 de los 1.939 planes con 5 años de historia tuvieron un rendimiento superior al índice de la Bolsa de Madrid, según un informe elaborado por el profesor del IESE Pablo Fernández. La crisis financiera ha impactado en los resultados de estos productos de inversión, lo que no ha contribuido precisamente a su incremento. Los fondos de pensiones de la OCDE tuvieron en 2008, año del crack financiero, una rentabilidad media simple (no ponderada) negativa del -12%, frente a la española, también negativa, del -8%.
Lo que está claro es que antes o después, el debate de la reforma de las pensiones tiene que volver a salir, en parte porque el famoso Pacto de Toledo dejó inconclusa la reforma. En 1985, el Gobierno socialista amplió de 2 a 8 años el periodo de cálculo para la pensión final. En 1996 se acordó elevarlo a 15 años y en el 2007 se acordó hacer efectivos estos 15 años, que, en la práctica venían siendo menos de 13. En otros países, como Francia, se ha pasado de 10 a 20 años; en Portugal, de 10 a 45; en Suecia de 15 a 45; en Alemania, son 47 años.
Pero Corbacho no es el único en recomendar planes privados de pensiones. Rodrigo Rato, actual presidente de Caja Madrid, en la presentación el pasado mes de enero, del informe Reflexiones para la reforma del Estado del bienestar, liderado por la patronal de los seguros Unespa, proponía pensiones privadas obligatorias unidas a las públicas. La patronal, a través de un estudio encargado a un grupo de expertos, pilotado por el ex ministro de Economía Rodrigo Rato, recalcó la imposibilidad de mantener el actual sistema público de pensiones y planteó la necesidad de la colaboración entre la esfera pública y privada. El informe aludía a las reformas realizadas en Suecia, faro de interés hoy por parte de los expertos, donde cada trabajador aporta, principalmente, al sistema de reparto y, en menor medida, destina una parte obligatoria a fondos gestionados por entidades privadas, o públicas si así lo decide el contribuyente.
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Pero los sistemas privados no están al margen de las dificultades, como deja claro la situación que se vive en el Reino Unido, donde la crisis ha provocado un abultado déficit en el patrimonio acumulado por los planes de pensiones de empresas para afrontar los compromisos con su plantilla.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, defendió ayer que sería “razonable una mayor relación entre lo que un trabajador ha cotizado y la cuantía de su pensión”, aunque dijo que no era partidario de computar toda la vida laboral y defendió que hay soluciones técnicas mucho mejores, que no precisó. No obstante, razonó que es necesario dar una respuesta a las personas que pierden su empleo en una edad avanzada y que ven cómo toda una vida de cotización se reduce a la mínima expresión al pasar al paro y de ahí a la jubilación. Dijo que este colectivo representa el 2% o el 3% de los que se jubilan y que podrían ver mejorada su pensión, aunque eso implique que “el resto de trabajadores veamos minoradas en una parte muy pequeña las pensiones”.
El Gobierno calcula que alargar 20 años el periodo de cálculo y retrasar dos años la jubilación permitiría un ahorro equivalente a cuatro puntos de PIB a partir del 2030.
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