La insólita resolución de los conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia por la cual cambiaron la figura de peculado por la de alteración de balances en el dilatado juicio contra los ex propietarios del Filanbanco ha desatado una serie de explicables y fundamentadas críticas.
Esa resolución, con otras recientes, que inducen igualmente a sospechas, aumenta la desconfianza en la Justicia y la percepción de que mantienen las crónicas lacras de corrupción, injerencia política y poco confiable actuación de algunos jueces y conjueces.
Días atrás, el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia reconoció, en HOY, que ha sido demasiado larga la transición para la actual Corte. En lugar de prorrogar en sus funciones a los magistrados de la Corte Suprema, los asambleístas de Montecristi incorporaron la figura de sorteo para integrar el nuevo tribunal. Esa modalidad no la aceptó la mayoría de los 31 magistrados, que habían llegado a esas funciones tras un concurso público con la veeduría de las Naciones Unidas.
El equivocado mecanismo dio como resultado la actual Corte Nacional y ha pasado una costosa factura, no solo por la cada vez más desvalorizada imagen de la Justicia, sino porque cortó además un proceso de depuración interna que se había iniciado en la anterior Corte Suprema. Todavía se dilatará más aún la transición pues aún se espera otro proceso, el de integración del Consejo de Participación y Control Social, para nombrar al nuevo Consejo de la Judicatura, el cual deberá llevar adelante un concurso para integrar de forma definitiva la nueva Corte Nacional de Justicia.
Será útil evaluar la nueva estructura institucional del sistema judicial porque, en esta etapa de transición, solo parece haber agravado los problemas en este ámbito. Es evidente que el país está muy lejos de contar con una Función Judicial más confiable, ágil e independiente.
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