La decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar ilegales, o la del de Torrejón de Ardoz (Madrid) de poner trabas a los ilegales en pisos-patera, o la más reciente del de Salt (Girona) de no empadrona a inmigrantes con un visado de turista en vigor, pone sobre la mesa un problema acuciante: la falta de recursos municipales para satisfacer el aumento del gasto social… y la nula respuesta del Gobierno de Zapatero para atender realmente, más allá de las intenciones del 'buenismo'- las necesidades del aumento de población.
Por ejemplo, Zapatero ha reducido las transferencias a las comunidades autónomas para la realización de acciones a favor de los inmigrantes en un 46,49 %. En total, un centenar de millones de euros menos, según ha denunciado, por ejemplo, la Comunidad Valenciana.
Una cosa, por tanto, son las palabras, y otras los hechos. O, como se decía antes: una cosa es predicar y otra dar trigo. Vean la evolución de la asignación del Fondo de Acogida al inmigrante en España por Comunidad Autónoma en el periodo 2006-2009.
Para 2010 está prevista una cantidad cifrada en 118 millones de euros, si bien no se conoce aún el reparto por comunidades.