El nuevo aeropuerto de Quito ha sido objeto de una cerrada oposición por parte de grupos económicos interesados en el fracaso del proyecto. Uno de los más recientes capítulos de esta es la incoherente instrucción fiscal en la que se acusa de peculado a los ex alcaldes Paco Moncayo y Andrés Vallejo por la garantía municipal suscrita en 2005 dentro del proceso de construcción del nuevo aeropuerto. Según han explicado los ex alcaldes, esa garantía no compromete rentas ni bienes municipales, sino lo es para cumplir ciertas condiciones que viabilicen el proyecto; además, fue otorgada con dictamen favorable de la Procuraduría General del Estado y la autorización unánime del Concejo Municipal.
La instrucción fiscal se ha dado en un momento clave de la renegociación del contrato de concesión planteado por el actual alcalde, Augusto Barrera, e incorporó con ella otro elemento para agravar el conflicto.
No es ajeno a la tradición de los grupos de poder obstaculizar las grandes obras públicas y lanzar acusaciones escandalosas. De todo ello, el primer efecto que se deriva es el de la demora en estas.
En el trayecto sembrado de obstáculos, el aeropuerto de Tababela carga un desfase entre su ejecución y la de la autopista que llevará a ese lugar. ¿La causa? La dilación en dar la garantía el Gobierno por el préstamo de la CAF para construir esa vía. A ello, se añaden los inciertos resultados de la negociación, con la complicación de la instrucción fiscal.
Dilatar la ejecución de la obra es perjudicar a Quito. El aeropuerto es el proyecto de más trascendencia para el futuro inmediato de la capital. El desarrollo urbano de Quito depende de su eficaz y pronta ejecución. Quienes se empeñan en torpedear la obra atentan contra el progreso de la capital.
La demora en inaugurarse el nuevo aeropuerto internacional de Quito es una irresponsable forma de dilatar también el desarrollo del Distrito Metropolitano.
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