La fiscal superior,
María Teresa Calvo, reconoce que la actuación de la Consejería pudo ser "
desafortunada", por pagar anticipos a Tragsa utilizando el impreso correspondiente a obras ya ejecutadas, pero no cree que haya delito penal, sin perjuicio de las acciones que pudieran ejercitarse por otras vías jurisdiccionales.
Según explica en un escrito dirigido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), los hechos no han afectado a los "normales efectos" de las relaciones jurídicas entre la Consejería y Tragsa, y además, el documento fue sustituido posteriormente por el adecuado.
El Partido Popular presentó una querella contra el consejero por abonar cuatro certificados de obra ejecutada cuando los trabajos en el edificio Lagunilla no habían comenzado. Según el PP, podría haberse incurrido en un posible delito de falsedad documental.
En su día, el consejero achacó lo ocurrido a un error administrativo en el tipo de documento utilizado para hacer el pago, porque en realidad se trataba de un adelanto para las obras.
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